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Aprobada la cesión de suelo que permite legalizar el mamotreto

CC, PP y PSOE dan luz verde a un convenio entre administraciones para ordenar el litoral de Santa Cruz / La propuesta incluye la obtención de 2.829 metros cuadrados para encauzar el barranco de San Andrés

Mamotreto sí, mamotreto no. El polémico edificio de aparcamientos de la playa de Las Teresitas, declarado ilegal en sentencia firme de la Audiencia Provincial, volvió a ser protagonista en el pleno celebrado en la mañana de hoy en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. A la espera de una próxima sesión, en la que se debatirán dos mociones opuestas, una de Ciudadanos para derribar lo construido y otra del PP para conservarlo, CC logró hoy el apoyo del PSOE y la formación conservadora para dar luz verde a un convenio entre administraciones que incorpora la cesión de suelo que permitirá ordenar el litoral capitalino, en la que se incluyen 2.829 metros cuadrados en San Andrés para encauzar el barranco de El Cercado, lo que también elimina obstáculos, si así se decidiera, para legalizar el parking.

La construcción del mamotreto, cuyo coste ascendió a más de 10 millones de euros, dio pie a una sentencia por la que se condenó a penas de prisión a tres exconcejales de CC y otros tres funcionarios municipales, que además tendrán que pagar de su bolsillo todo lo que el Ayuntamiento decida derribar. En medio del intenso debate político que ha levantado la decisión judicial, el Gobierno local trajo esta mañana al pleno una propuesta de convenio que permite la cesión al Consistorio de 2.829 metros cuadrados de suelo público para encauzar el barranco más importante de San Andrés, en un proyecto, como consta en un documento del Área de Servicios Territoriales con fecha 27 de marzo de 2014, que contempla un puente constructivo que "se apoyaría en uno de los laterales" del edificio.

La obtención del suelo es un paso necesario para, si así lo decidiese la Gerencia de Urbanismo en el plan especial que se tramita para la zona de Las Teresitas, poder legalizar la parte del mamotreto que la sentencia de la Audiencia Provincial permite ordenar. El problema, y la discusión, surgen porque para encauzar el barranco, que se ha desbordado en varias ocasiones en los últimos años, también es necesario que esos terrenos pasen a titularidad municipal. Y ahí es donde el debate se enconó esta mañana en el Palacio de los Dragos.    

Son varias las ocasiones en las que el concejal responsable de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, ha insistido en que la continuidad del edificio "es la solución más eficiente porque cuesta menos y tiene todos los permisos", como aseguró en la Comisión de Control del pasado mes de marzo. Hoy, ante las críticas del Grupo Mixto, reculó en su posición y afirmó que el puente "no se va a apoyar en el edificio, sino en unos nuevos estribos", aunque reconoció que la carretera "tendrá que pasar por algún lado". Una argumentación que va en la línea de lo afirmado por el hasta hace unas semanas consejero de Aguas del Cabildo, Jesús Morales, que en el programa de Teide Radio Despierta Tenerife explicó también que la actuación prevista para encauzar El Cercado no necesitará la edificación.

 

Críticas del Grupo Mixto

Pero el Grupo Mixto no se fía de las palabras después de que en algunos medios de comunicación, en el proyecto original, y en el documento desvelado hoy por el edil Guillermo Guigou, se haya insistido en la conveniencia de mantener en pie el edificio; además de coincidir en criticar que el punto que alude a esta cuestión "se añadiera a última hora" en el convenio. El propio concejal de Ciudadanos tildó el documento de "surrealista, chapucero y virtual". El representante de Por Tenerife, José Manuel Corrales, advirtió de que existe un pacto soterrado entre CC y PP "para legalizar el mamotreto", y avisó al Gobierno local de los "problemas jurídicos que van a tener si meten este gol". Pedro Fernández Arcila, de Alternativa Sí Se Puede, cambió hoy el criterio que mantuvo en la Comisión Informativa, donde votó a favor del convenio, para cuestionar que se haya añadido después de dar su apoyo "un punto que habla del mamotreto sin nombrarlo". El edil, abogado especializado en Derecho urbanístico, consideró que la propuesta "no es acertada", además de que explicó que la iniciativa para encauzar el barranco "reduce a casi la mitad el cauce", lo que negó el propio Dámaso Arteaga en su replica.

Llegados a este punto, la intervención del concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, era necesaria para escenificar la posición del PSOE ante la controversia generada. No hay que olvidar que el edil socialista fue denunciante de la compraventa de Las Teresitas y de la construcción del mamotreto, lo que le coloca en el centro de los focos, especialmente por ser en la actualidad el máximo responsable de la ordenación que se tramita en la zona. En contra de lo que sostiene CC, Martín aseveró que el edificio "no se puede legalizar", cuestionó la sentencia de la Audiencia Provincial al asegurar que de hacerlo se incurriría "en un delito", aunque matizó que "a no ser que los técnicos digan otra cosa", y negó que la cesión de suelo por parte de Costas afecte al edificio de aparcamientos. No es la primera vez que se escenifican las diferencias de los socios del pacto de Gobierno en este sentido, aunque hasta el momento, como ocurrió hoy, no se ha roto la disciplina de voto que les une como pegamento.

Todo depende ahora de la decisión que se adopte en el plan especial que tramita la Gerencia de Urbanismo para la zona de Las Teresitas. Los tiempos juegan en contra de los que defienden el derribo del edificio, ya que mientras el PSOE insiste en que no se legalizará, con unas elecciones a la vuelta de la esquina las cosas pueden cambiar. El PP ya ha manifestado, e incluso ha presentado una moción para ello, su intención de mantener el polémico edificio, destinado en su uso original a un aparcamiento de pago para la playa. El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), aunque ahora asegura que "no es una prioridad", hace unos meses declaraba su intención de conservar la construcción. El resto de partidos con representación apoyan su demolición, que correría a cargo de los seis condenados en la causa penal. A la espera de la aclaración de sentencia que se ha pedido a la Audiencia Provincial, cuyo dictamen será clave en la ordenación de la zona, y con la cuenta atrás de cara a los próximos comicios en marcha, al futuro del mamotreto le quedan menos de cinco meses para decidirse en este mandato. De no ser así, el edificio será punto destacado en los próximos programas electorales.