Mirame Tv

Confirman a Zamora como autor de la carta de los 45 millones

Dos expertos en grafística de la Guardia Civil ratifican que la letra del escrito en el que se pide dinero a un promotor pertenece al acusado / Un perito dice que el patrimonio de Félix Sierra es transparente

Dos agentes de la Guardia Civil ratificaron en la mañana de este lunes, durante la vigésima sesión del juicio por el Caso Arona, que el autor de la carta en la que se pide un soborno de 45 millones de pesetas a la familia Ansorena (ver foto) es el acusado Arsenio Zamora. Durante su declaración como peritos, ambos a través de videoconferencia, los dos expertos de la Benemérita, que elaboraron el informe de grafística durante la instrucción, coincidieron en que el trazo de la letra del escrito es "idéntico" al de la muestra tomada al empresario.

Los dos responsables de la prueba caligráfica aseguraron que Zamora "intentó ocultar su forma de escribir" en los trazos que realizó cuando fue requerido por el Juzgado, pese a lo que aseveraron, incluso tras la insistencia de la abogada del acusado en sus preguntas, que es "bastante improbable" que la letra pertenezca a una persona distinta.

La declaración de los peritos es fundamental para apuntalar las pruebas de cohecho que pesan sobre Arsenio Zamora, considerado el intermediario de la presunta trama orquestada en Arona para el cobro de comisiones por la concesión de licencias urbanísticas. No hay que olvidar que, además de la carta, la voz del empresario está grabada en una cinta en la que se puede escuchar al acusado solicitar 45 millones de pesetas a José Ramón Ansorena Carrera a cambio de facilitarle un permiso para construir una urbanización en un suelo hotelero de Costa del Silencio. 

La cuantía coincide con las cifras que están apuntadas en el escrito que Ansorena dice que le fue entregado de manos de Zamora, a quien los peritos de la Guardia Civil han reconocido como autor de la carta. La misiva relata los pasos administrativos a seguir durante la tramitación para consiguir la licencia, a los que se acompaña de sendos apuntes con la cuantía "22,5", que se vinculan con los dos pagos que presuntamente se exigieron al promotor de origen vasco.

La abogada de Zamora intentó, sin éxito, buscar fisuras en el informe de los expertos de la Guardia Civil. La letrada de la defensa insistió en preguntar el motivo por el que en el dictamen de grafística solo se analizó el trazo de las letras y no de los números, a lo que los peritos contestaron que "se tuvo todo en cuenta", aunque en las conclusiones solo se hiciera referencia a una parte de la metodología. 

 

Patrimonio

Si las pruebas se acumulan en contra de Arsenio Zamora, las mayores dudas sobre la presunta comisión de un delito de cohecho rodean a la figura del exconcejal de Urbanismo Félix Sierra. El peso de la acusación de la Fiscalía se centra en el incremento patrimonial injustificado en sus bienes, tal y como concluyó la Guardia Civil durante la investigación de la causa.

Esos pilares son los que intentó derribar en la mañana de este lunes Olga López, la abogada de los políticos acusados, que recurrió como prueba pericial al testimonio de un auditor de cuentas, Pedro Cabezas.

El perito repitió en varias ocasiones que tanto Félix Sierra, como distintas sociedades familiares con las que ha tenido alguna vinculación, "están al día de sus obligaciones", es decir, han declarado debidamente sus cuentas a la hacienda pública. Pedro Cabezas llegó a asegurar que, en su opinión, la familia Sierra ha sido "muy transparente" a la hora de gestionar sus bienes. 

El experto solicitado por la defensa, que reconoció que "conocía a Félix Sierra de antes" por su condición de director de CajaCanarias, defendió que los ingresos acumulados por el acusado y su mujer "justifican las inversiones" que realizaron a lo largo del tiempo. "De media, solo han dedicado un 19% de sus ingresos a esos fines", explicó el perito, que consideró "bastante prudente" la actitud del exconcejal de Arona y su esposa.

La seguridad de su declaración se tambaleó con las preguntas de la fiscal y la acusación particular, aunque en todo momento mantuvo su criterio sobre la "transparencia" del patrimonio de la familia Sierra. La representante del Ministerio Público se interesó por una finca que compró una de las sociedades vinculadas al acusado solo tres meses después de su constitución, especialmente por el hecho de que se adquiriese por más de 66.000 euros cuando el capital social de la entidad en el momento de su creación era de 3.000 euros.

En relación a algunos pagos en efectivo que llevó a cabo el exconcejal, el perito admitió que no comprobó su procedencia, pero que la familia "tenía capacidad de ahorro". Durante la declaración de Pedro Cabezas, la presidenta del Tribunal llamó la atención al propio Félix Sierra, al que pidió que "mantuviera la compostura"

El último en declarar fue el jurista Ignacio Sanz, que elaboró un informe sobre la legalidad de las licencias. Aunque, como advirtió la presidenta de la Sala, "la norma jurídica no es objeto de prueba", fue admitida en el juicio por "la complejidad del procedimiento". No sentó nada bien a la Fiscalía, en cualquier caso, la declaración del perito, como se encargó de demostrar con el tono de sus preguntas.

La representante de la acusación pública recordó al perito que fue redactor del Plan General de Ordenación de Vigo y que, al igual que en el caso de Arona, fue declarado ilegal por los tribunales. También aludió a su participación en el instrumento de ordenación de Pontevedra, "del que fue apartado por el Ayuntamiento".

Pese a los antecedentes de su currículo, el perito aseveró que las licencias se podían conceder en unidades de actuación que no se encontraban debidamente gestionadas, en contra del criterio de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Arona, que informaron numerosas veces de la ilegalidad de los permisos.

Para Ignacio Sanz, sin embargo, la realidad jurídica es distinta. "Es legítimo conceder una autorización para que el titular haga obras y el suelo adquiera condición de solar", explicó durante su declaración, en la que también incidió en que conoce "muchos casos" de permisos que son aprobados por las juntas de gobierno con informes desfavorables. El perito concluyó que, a día de hoy, "esas licencias son válidas".

El juicio del Caso Arona vuelve a tomarse un descanso hasta después de la Semana Santa. La próxima cita será el lunes 28 de marzo, cuando comenzarán las audiciones de las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez Nelson Díaz durante la instrucción de la causa.