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Delgado admite que había "muchos rumores" de corrupción en Arona

El exalcalde afirma que "siempre" se han concedido licencias urbanísticas con informes jurídicos desfavorables / Recuerda que abrió un expediente a un funcionario municipal por el caso del Nooctúa

El exalcalde de Arona Miguel Delgado reconoció en la mañana de este lunes, durante su declaración como testigo en la decimoctava sesión del juicio, que escuchó "muchos rumores" sobre la presunta existencia de una trama orquestada para cobrar comisiones ilegales por la concesión de licencias urbanísticas. "Nunca tuve pruebas", aclaró el antiguo dirigente de ATI en el municipio tinerfeño, que recordó que cuando las hubo, en referencia al caso de un funcionario que informó a favor de la instalación de la discoteca Nooctúa pese a que era ilegal, "se abrió un expediente".

"No se puede generalizar, pero rumores había miles", volvió a reconocer ante la insistencia del abogado de la acusación particular, Santiago Martínez. Pero de ahí no pasó. ¿Por qué nunca denunció? Pues, según su versión, porque no se presentó ningún escrito que le permitiera "armar un expediente" para investigar los hechos.

Miguel Delgado, que fue citado por la defensa de los políticos acusados, aseveró que en Arona "siempre" se han concedido licencias urbanísticas con informes jurídicos desfavorables, incluso "desde antes" de que entrara en el Ayuntamiento, en 1983. Cuando a la entonces llamada Comisión de Gobierno llegaba un expediente de una unidad de actuación que no estaba gestionada, como alertaban los dictámenes negativos, "lo que se hacía era pedir un aval a los promotores y se otorgaba el permiso", explicó el exdirigente, que ocupó la Alcaldía durante siete años.

A pesar de su experiencia política, Delgado admitió que no tiene "conocimientos jurídicos", por lo que durante su gestión optaba por "fiarse de los técnicos". De algunos, debió haber matizado, ya que en varias ocasiones desoyó las recomendaciones de la jurista municipal, que emitió "unas cuantas veces" informes desfavorables sobre licencias urbanísticas que eran aprobadas por la Comisión de Gobierno. 

"Ante una situación de interés general, se podía conceder la licencia con el informe jurídico desfavorable", insistió el exalcalde. "¿Y qué es para usted el interés general?", le preguntó la fiscal Francisca Sánchez, que ha ganado reflejos con el paso de los días. La respuesta se le atragantó a Miguel Delgado. 

Previamente, cuando la abogada Olga López le preguntó si hubiera concedido esas licencias con el informe técnico también desfavorable, contestó con un rotundo "no". Una muestra más de por dónde pueden ir los tiros de la defensa de los políticos, que siempre han mantenido que contaban con el visto bueno de la Oficina Técnica. Por eso, en el banquillo también se sientan acusados de prevaricación, además de por cohecho, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, exarquitecto y exaparejador municipal, respectivamente.

El exdirigente, cuestionado por José Ramón Ansorena, aseguró que "nunca" se reunió con el promotor vasco. Fue entonces cuando el letrado de la acusación particular le refrescó la memoria con un convenio que de su puño y letra firmó en septiembre de 2001 con la empresa Conale 2000 SL, propiedad de los empresarios denunciantes. La otra rúbrica que aparece en el documento urbanístico, de hecho, es la del propio Ansorena. "No lo recuerdo", replicó.

 

Nooctúa

Las sospechas por presunta corrupción eran el pan de cada día en el Ayuntamiento de Arona. Tal y como relató Miguel Delgado, durante su etapa como alcalde se llegó a inhabilitar por un plazo de seis años a un exfuncionario de la Oficina Técnica, Mariano Esteban Sánchez, por su participación en la concesión de la licencia urbanística del Nooctúa, como publicó en 2003 el periódico La Opinión de Tenerife.

Sánchez fue el técnico que informó a favor de la instalación de la discoteca, a pesar de que el proyecto inicial, y el modificado posterior, incumplían la volumetría permitida. El escándalo radica, además de por el hecho de que años después se demostró que los permisos eran ilegales y se cerró el Nooctúa, en que el funcionario era socio mancomunado en una empresa con el redactor de la propuesta, el ingeniero Ignacio Pardo.

Después de Miguel Delgado, llegó el turno de escuchar a Juan Antonio Hernández, exconcejal del PP de Adeje y durante años mano derecha del acusado Félix Sierra, del que fue su coordinador de campaña durante las elecciones locales que se celebraron en el año 2003. 

La declaración de Hernández aportó bien poco al juicio, pese a que estuvo durante algo más de una hora sentado delante de los tres magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. La abogada de la defensa, Olga López, intentó desmontar con sus preguntas la credibilidad de la denuncia de los promotores vascos, para lo que tiró de la relación de amistad que mantuvo el testigo con Jaime, hermano de José Ramón Ansorena.

El propio Hernández explicó que, en su opinión, la denuncia de los empresarios se produjo porque "necesitaban justificar a sus inversores el retraso de la licencia". También aseguró que un día se encontró a José Ramón Ansorena en un bar de copas, donde le dijo que iba a "acabar con Sierra y su carrera política". 

Llama la atención que, a pesar del enfrentamiento entre el exconcejal del PP y los promotores, Hernández afirmó que dos de los hijos de José Ramón Ansorena fueron colocados después de 2007 en puestos de confianza de la formación conservadora. Jaime, dentro de la empresa pública del Gobierno de Canarias Gestión del Medio Rural, bajo la dirección de Águeda Fumero, exsecretaria de Félix Sierra en el Ayuntamiento de Arona. Virginia, como secretaria personal de Antonio Alarcó, exportavoz en el Cabildo de Tenerife.

La tercera testigo, y última de la sesión de este lunes, fue Magdalena González, que coincidió como trabajadora de CajaCanarias con tres de los acusados: Félix Sierra, el exalcalde José Alberto González Reverón y el exconcejal Daniel González. 

Durante su breve testimonio, Magdalena González manifestó que un día iba a hacer unas gestiones de trabajo junto a Félix Sierra y una persona, que no pudo identificar, amenazó al exconcejal del PP con "arruinarle la vida". El juicio por el caso Arona volverá a ser actualidad este martes. La cita, a partir de las 10 horas en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña.