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La Fiscalía pide imputar a Correa por la contratación de afines al PP

El Ministerio Público ve indicios de prevaricación del primer teniente de alcalde de La Victoria tras la declaración judicial de Haroldo Martín / El político conservador niega que tenga competencias en Personal

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 4 de La Orotava que cite en calidad de imputado por prevaricación al primer teniente de alcalde de La Victoria, Fermín Correa (PP), por la presunta contratación ilegal de personas afines al partido del que forma parte después de las elecciones de 2011, como adelantó el periodista Óscar Martín en La Tertulia de Mírame Televisión. La solicitud del Ministerio Público se produce después de la declaración del actual regidor municipal, el nacionalista Haroldo Martín, imputado en la causa por el mismo delito. 

El propio Correa reconoció el martes, en el programa de Teide Radio Despierta Tenerife, que las contrataciones se llevaron a cabo pero no bajo su competencia. "Hay un certificado, que lo firma el propio secretario del Ayuntamiento, y también está auditado por el alcalde, en el que se dice que yo no tengo ningún tipo de competencia en cuanto a contratación de personal", explicó el que fuera candidato del PP en La Victoria, en contra de lo declarado por el mandatario de Coalición Canaria (CC), su socio de Gobierno, en sede judicial

El primer teniente de Alcalde del municipio norteño, y también concejal de Bienestar Social, negó que, al menos hasta el martes, le hubieran notificado su imputación, aunque admitió que el propio Haroldo Martín le ha pedido “que no haga declaraciones”. Fermín Correa puso el ventilador en dirección al anterior alcalde, ahora en la oposición, Manuel Correa, denunciante de las presuntas irregularidades que investiga el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Orotava: "Me da un poco de tristeza porque aquí se denuncia por parte del PSOE una serie de cosas y lo que no se dice es que hay más de veinte personas que estaban trabajando ilegalmente sin estar dados de alta en la Seguridad Social y sin pagar ningún tipo de impuesto", una situación que, según afirmó, "se regularizó" con la llegada de CC y PP al Gobierno local a través de "empresas temporales o el alta como autónomos de esas personas". 

La Justicia investiga la contratación de cuatro personas, dos de ellas militantes del PP que concurrieron en las listas de la formación en los comicios de 2011, "prescindiendo de los principios que inspiran el correcto ejercicio de la función pública, apartándose conscientemente de la legalidad y generando una situación claramente injusta, pues impedía el acceso de los ciudadanos a la función pública", según concluye la denuncia de la Fiscalía. En la documentación remitida por el Ayuntamiento de La Victoria al Ministerio Público "no existe un expediente de contratación relativo a determinados empleados públicos, como se recoge en el informe de la secretaria de 11 de marzo de 2014", explica el fiscal en su escrito. Según Fermín Correa en su intervención radiofónica, como concejal solo puede "hacer contratos menores, y los hacemos a diario, y no hace falta a veces ni procedimiento a la hora de comprar".

Correa también se preguntó "por qué ha salido el nombre de esas personas que supuestamente son afines al PP", y no las contrataciones que en su día realizó el PSOE. Lo cierto es que la Fiscalía afirma que una de las personas que concurrió en la misma lista que el actual primer teniente de alcalde recibió "con carácter periódico, y con la sola excepción de los meses de octubre a diciembre de 2011, una cantidad aproximada de mil euros sin que exista ningún expediente de contratación más allá de los decretos que autorizan el pago", firmados por Haroldo Martín, primer imputado en la causa. Para el Ministerio Público, que estas cuantías sean uniformes, "repitiéndose idénticas cantidades en numerosas mensualidades, hacen pensar que se trata de una simulación y uso de la fórmula de contrato menor para encubrir una retribución fija y periódica".

En el segundo caso de una militante del PP, la Fiscalía considera que "existen indicios de que el alcalde hizo uso, en evidente fraude de ley, de la modalidad de contrato menor para esconder lo que es una contratación directa al margen de la legalidad vigente". El Ministerio Público llega incluso a asegurar que Haroldo Martín "procedió a adjudicar directamente con absoluto desprecio hacia la lista de sustitutos". 

Tras la declaración judicial del alcalde, el Juzgado cita ahora en calidad de imputado a su socio de Gobierno para aclarar su posible responsabilidad directa en la contratación de las cuatro personas investigadas, de las que dos mantienen vínculos directos con el PP. Una nueva vuelta de tuerca a un caso que ha puesto en el punto de mira judicial al municipio tinerfeño de La Victoria de Acentejo.