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Costas desoyó las advertencias de un técnico que alertó de ilegalidades en las obras del Monkey Beach Club

Un informe elaborado tras una inspección al establecimiento avisó de que la ampliación del local de ocio del sur de Tenerife incumple la normativa estatal / El agente medioambiental que elaboró el acta de la visita incidió en su escrito en que la legislación impide "la formación de pantallas arquitectónicas o la acumulación de volúmenes" en primera línea de playa / Los trabajos continuaron sin que el Servicio Provincial evitase la construcción de dos nuevas plantas en la zona de servidumbre de protección / Un exviceconsejero del Ejecutivo autonómico, el alcalde de Adeje, los concejales de la Junta de Gobierno y técnicos municipales que informaron a favor están investigados por presuntos delitos urbanísticos

 

Un agente medioambiental del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife advirtió en enero de 2018 de presuntas ilegalidades en las obras de ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en el municipio de Adeje. En un informe realizado tras una inspección al establecimiento, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, el técnico alertó de que el proyecto preveía un aumento del volumen y de la altura del edificio, pese a estar prohibido por su ubicación en una zona protegida por su cercanía al mar, pero los trabajos continuaron sin que se produjese la intervención del órgano estatal.

Las obras de ampliación del Monkey Beach Club fueron denunciadas por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife a mediados de 2018, unos meses después de la visita del agente medioambiental de Costas, y han dado pie a una causa penal en la que se encuentran investigados el exviceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias Jesús Romero (CC), que autorizó las obras; el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE); el resto de concejales de la Junta de Gobierno local que concedió la licencia y los técnicos municipales que informaron a favor.

La inspección del agente medioambiental de Costas tuvo lugar el 12 de enero de 2018, aunque el informe está fechado cuatro días después, y su objetivo era analizar la situación de las obras de reforma de las terrazas del Monkey Beach Club, un proyecto vinculado con el de la ampliación del edificio. Durante su visita, el técnico se topó con una serie de presuntas ilegalidades, relacionadas con la ampliación del recinto, de las que dio aviso mediante un apartado de observaciones que plasmó en su escrito.

En el informe se puso de manifiesto que "la construcción de dos plantas cerradas sobre el rasante original genera un efecto de pantalla notable en este sector de la costa y, en todo caso, un impacto visual destacado, ya que en todo este tramo de la costa no existe ningún otro edificio situado en la acera de la avenida Rafael Puig que linda con la playa". La observación del agente medioambiental choca de plano contra lo establecido en la normativa estatal, que prohíbe expresamente este tipo de actuaciones, como también se encargó de recordar el técnico.

El documento concluye que "puede entenderse que el proyecto edificativo no cumple estrictamente con lo dispuesto en el artículo 59 del vigente Reglamento General de Costas, en el que de forma explícita se señala que las construcciones que se realicen dentro de la zona de influencia", que incluye un mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, lo que afecta a la servidumbre, "respetarán las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre, debiendo adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, evitando la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes".

El edificio del Monkey Beach Club ha generado un destacado impacto visual en la zona, ya que sus dos nuevas plantas de altura impiden la visibilidad del mar desde la avenida. Una situación que ha provocado el malestar de los vecinos, especialmente de la Comunidad Galaxia, que ya han iniciado un contencioso para lograr el derribo del local de ocio. La creación de una pantalla arquitectónica no es el único incumplimiento de la Ley de Costas en el que han incurrido los trabajos de ampliación del establecimiento, como también se encarga de destacar el técnico en el informe que fue ignorado por sus superiores.

El Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Adeje (PMM), en el que se basaron el Gobierno regional y el Ayuntamiento para conceder los permisos, y que ha sido anulado en primera instancia por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se aprobó poco antes de las elecciones autonómicas de 2015 "sin tenerse en cuenta las consideraciones y rectificaciones necesarias especificadas en el informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar".

 

Limitaciones

Entre las advertencias del órgano estatal destacaba la necesidad, como expone el agente ambiental que realizó la inspección al Monkey Beach Club, de limitar "las reformas de las edificaciones situadas en servidumbre de protección a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas", que solo permite las obras de mejora, consolidación y modernización que "no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes".

La ampliación del conocido local de ocio no respetó lo estipulado por la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, ya que las obras permitieron al establecimiento incrementar su altura en dos nuevas plantas y su superficie en más de 440 metros cuadrados en la zona de servidumbre de protección.

El PMM de Costa Adeje, que sigue vigente hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por el Gobierno de Canarias, incluyó en su texto a última hora, dos días antes de su aprobación, una disposición adicional única que despeja cualquier duda sobre la obligación de cumplir con la legislación estatal al especificar, en su apartado cuatro, que "las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, así como aquellas nuevas que pretendan ejecutarse, situadas en la zona de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo especificado en las disposiciones transitorias tercera y cuarta".

Durante la inspección a las instalaciones del Monkey Beach Club, en enero de 2018, las obras no estaban finalizadas y se encontraban a medio camino, si se tiene en cuenta que la fecha oficial de finalización estaba fijada en el mes de marzo. Pese a las advertencias del informe del técnico, los trabajos continuaron hasta su estado actual sin que el Servicio Provincial de Costas tomara cartas en el asunto.

Al no estar finalizada la ampliación, el agente medioambiental se limitó a explicar que la situación "no permite afirmar con total seguridad que no se afectará al dominio público marítimo-terrestre o a la servidumbre de tránsito de alguna manera", a lo que añadió que "las posibles afecciones se producirían, en todo caso, en el nivel de la terraza inferior, donde parte de la estructura que alberga bar, cocina y servicios, la invade al menos con el vuelo, quedando afectado el dominio público marítimo-terrestre solo por un pequeño tramo de terraza y pérgola y los accesos a las terrazas".

A pesar de que durante la inspección se presentó uno de los dueños, Javier Cabrera, hijo del expresidente de Ashotel José Fernando Cabrera, para explicar que los trabajos contaban con todas las autorizaciones pertinentes, tanto del Gobierno de Canarias como del Ayuntamiento de Adeje, el técnico no pasó por alto otra serie de cuestiones que le llamaron la atención, además del aumento de volumen. El agente medioambiental alertó de que no se puede colocar mobiliario "adosado al borde de la terraza inferior", ya que ocupa la servidumbre de tránsito y, en el caso de la pérgola, aseveró que "invade en un tramo el dominio público marítimo-terrestre, lo cual no aparece reflejado en ningún documento consultado".

También mostró su contrariedad por el hecho de que "las obras de relleno de las cavidades existentes en los depósitos de conglomerado de arena bajo el muro fachada de las terrazas inferiores no estaban descritas en el proyecto y suponen, salvo error en el cálculo de su ubicación, la actuación en un espacio situado dentro del dominio público marítimo-terrestre sin autorización".

 

Permisos

Las obras de ampliación del Monkey Beach Club fueron autorizadas un año antes de la visita del inspector, el 18 de enero de 2017, por medio de una autorización del entonces viceconsejero de Política Territorial de Canarias, Jesús Romero, uno de los imputados en la causa penal. El 19 de diciembre de 2016, antes de la resolución del Gobierno autonómico, tal y como establece el Reglamento General de Costas, el jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público, Juan Antonio Troya, presentó un informe sobre la actuación urbanística que se iba a llevar a cabo en el local. En solo medio folio, el funcionario del órgano estatal se limitó a expresar que los trabajos "estarían afectados por la servidumbre de protección y de salvamento del dominio público marítimo-terrestre", sin otra mención a la imposibilidad legal de aumentar el volumen de una construcción ubicada en una zona tan cercana al mar.

El propio Troya reconoció en su escrito que "no hay constancia de la fecha de construcción de la edificación ni de sus permisos". Si se tiene en cuenta que existen fotos aéreas que demuestran que el Monkey Beach Club ya estaba levantado antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, como las aportadas en su informe por el agente medioambiental que inspeccionó el establecimiento, sería de aplicación el punto uno de la disposición transitoria cuarta de la normativa estatal, que obliga, en el caso de instalaciones sin autorización anteriores a la entrada en vigor de la legislación, a su demolición  "cuando no proceda su legalización por razones de interés público".

Cuatro meses después de la autorización del Gobierno de Canarias, el 10 de mayo de 2017, y con informes favorables de los técnicos municipales, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Adeje, presidida por el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, concedió la licencia para los trabajos. Todos los miembros del ente municipal también han tenido que prestar declaración en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona en calidad de investigados.

En enero de 2018 se produjo la visita del agente medioambiental de Costas, que advirtió por escrito de las anomalías detectadas durante la inspección del recinto y, a mediados de año, tras un escrito presentado por miembros de la Comunidad de Vecinos Galaxia, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó la denuncia penal por presuntos delitos urbanísticos. Las obras continuaron pese a ello.

A finales de 2018, con la causa penal abierta y sin que Costas hubiese actuado tras el informe de su técnico, el arquitecto responsable de las obras del Monkey Beach Club presentó un proyecto modificado ante la Consejería de Política Territorial de Canarias, que fue autorizado, de nuevo por Jesús Romero, el 14 de febrero de 2019. El Consistorio de Adeje también ha concedido recientemente la licencia municipal.

El Monkey Beach Club se encuentra precintado en la actualidad por decisión del Ayuntamiento, que el pasado mes de abril ordenó el cese de los eventos en el establecimiento tras detectar que el local no cuenta con licencia de actividad adaptada a su nueva realidad urbanística.