Mirame Tv

El fiscal pedirá sentar en el banquillo a la candidata del PP al Senado

El Ministerio Público prepara la acusación contra la exalcaldesa de Santa Úrsula por presunta prevaricación / Concluye que vulneró la Ley de forma "consciente" en una veintena de contrataciones

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pedirá sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Santa Úrsula y candidata del PP al Senado, Milagros Pérez, por un presunto delito de prevaricación. Así consta en un escrito remitido por el fiscal Santiago Guibert al Juzgado de Instrucción Número 1 de La Orotava, al que ha tenido acceso mirametv.com, en el que solicita "la remisión de los autos y la documentación anexa a fin de formular acusación".

En el escrito, el fiscal se opone al recurso presentado por la defensa de Milagros Pérez contra el auto que convierte las diligencias en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral. En contra de lo que defiende la exalcaldesa de Santa Úrsula, el Ministerio Público concluye que de la instrucción practicada se desprende que Milagros Pérez "procedió a acordar la contratación en repetidas ocasiones de personal, en ocasiones con vinculación con su partido político, a pesar de las advertencias formuladas por el interventor accidental, la secretaria y algunos concejales".

Para el fiscal, las contrataciones investigadas, una veintena en el mandato 2011-2014, acreditan que la ahora candidata del PP al Senado por Tenerife incurrió en una "vulneración consciente de los principios de publicidad, mérito, capacidad e igualdad y vulnerando, por tanto, la normativa específica de la materia". Será ahora, en el escrito de acusación que previsiblemente se presentará en las próximas semanas, donde el el Ministerio Público fije las penas que pide contra Milagros Pérez y el otro imputado en la causa, el concejal del PSOE y exprimer teniente de alcalde, Víctor Hernández. 

El pasado mes de julio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava dictó el auto que convierte las diligencias en procedimiento abreviado, la fase intermedia y previa a la apertura de juicio oral. La jueza concluyó en su resolución que los actuales portavoces del PP y el PSOE en el Consistorio, anteriormente alcaldesa y primer teniente de alcalde, "presuntamente y prevaliéndose de los cargos ostentados en el Ayuntamiento de Santa Úrsula (...) verificaron diversas contrataciones entre los años 2011, 2012 y 2013 prescindiendo de los trámites de obligatoria observancia". En total, una veintena de incorporaciones que se llevaron a cabo supuestamente sin respetar los requisitos legales que establece la legislación vigente, además de que en varios de los casos se ha demostrado la vinculación de los beneficiarios con los partidos políticos a los que pertenecen los imputados. Algunos de ellos, incluso, fueron contratados poco después de participar en la campaña electoral de 2011.

El auto incide en que durante los procedimientos de contratación se vulneraron los "principios de mérito, capacidad e igualdad, así como la normativa específica sobre la materia". El Ayuntamiento omitió, presuntamente de manera intencionada, los preceptivos "concursos o concursos-oposición", lo que viene a ser lo mismo que saltarse el "proceso selectivo legalmente establecido, sobre todo al tratarse de servicios que se prestaban de forma continuada", insiste la jueza.

La fórmula que utilizó el Consistorio, y que validaron tanto Milagros Pérez como Víctor Hernández, consistía en incorporar a los beneficiarios a través de contratos de servicios, por lo que las plazas cubiertas no aparecían reflejadas en la oferta de empleo público como vacantes. Esta forma de actuar, según el auto de la jueza, supone "eludir la aplicación de los procesos selectivos que legalmente corresponden y aplicando la contratación administrativa en forma irregular, con conocimiento y a sabiendas de dicha circunstancia”.

Entre las contrataciones investigadas figuran las de siete personas que accedieron al Consistorio tinerfeño a través de una empresa de trabajo temporal. Uno de los beneficiarios reconoció en su declaración ante la Guardia Civil que conoce "de mucho tiempo atrás" a Juan Jorge Afonso, exconcejal de Personal, y que en la actualidad reside en "uno de los pisos de alquiler" del edil, con el que confesó mantener una relación de "tipo personal". Pero es más, durante su testimonio llegó a admitir que su contratación en el Ayuntamiento de Santa Úrsula se produjo "en agradecimiento a su colaboración por la ayuda que prestó durante la campaña [electoral] del PP”.