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La Fiscalía pide que declaren 48 testigos en el juicio de Las Teresitas

Destacadas figuras de la política activa y del mundo empresarial serán interrogadas durante la celebración de la vista oral / El Ministerio Público también solicita la comparecencia de 13 peritos

El juicio del Caso Las Teresitas, aún sin fecha pero previsto para los primeros meses de 2016, sentará como acusados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a destacados empresarios, políticos y funcionarios de la sociedad tinerfeña. La Fiscalía solicita para los 13 implicados un total de 60 años de cárcel y 221 años de inhabilitación, así como el pago de una indemnización al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de casi 40 millones de euros. Pero las personas que ocuparán el banquillo de la Audiencia Provincial, entre las que destacan figuras políticas como Miguel Zerolo y Manuel Parejo o los constructores Antonio Plasencia e Ignacio González, no estarán solas. El Ministerio Público ha pedido la comparecencia en la vista de un total de 48 testigos.

Casi medio centenar de personas tendrán que testificar durante un juicio que previsiblemente se prolongará durante más de un mes. Desde políticos en activo hasta representantes de la primera línea empresarial, pasando por una amplia lista de funcionarios, serán interrogados en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña en calidad de testigos.

Entre los nombres que ha incluido la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación para que declaren como testigos figuran José Ángel Martín, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y denunciante de la causa; sus compañeros en aquel momento en el PSOE Justo Menéndez y Santiago Pérez, ahora representante de Nueva Canarias en La Laguna; Ana Zurita, consejera del PP en el Cabildo de Tenerife y funcionaria de la Gerencia de Urbanismo capitalina; José Alberto Díaz-Estébanez, actual edil de Infraestructuras y Vivienda; Dámaso Arteaga, responsable de Servicios Públicos; así como los exconcejales de Coalición Canaria Antonio Bello; Norberto Plasencia, condenado por el Caso Mamotreto; Basilio Franco, comisario de la Policía; Ilda Romana; Emilio Atiénzar; o Hilario Rodríguez.

También serán citados a declarar durante el juicio distintos empresarios vinculados directa o indirectamente con la operación de compraventa de las once parcelas del frente de la playa de Las Teresitas. Entre ellos destacan Rodolfo Núñez, expresidente de CajaCanarias, la entidad que concedió el crédito de 33 millones con el que Antonio Plasencia e Ignacio González compraron los terrenos que después vendieron al Ayuntamiento; y Amid Achi, miembro del Consejo de Administración y la única persona que se abstuvo en la votación del préstamo.

 

Funcionarios

Muchos son los nombres de funcionarios que tendrán que testificar durante la vista oral. La mayoría van a ser citados por haber tenido algún tipo de relación o conocimiento del polémico expediente. Entre ellos se encuentran la actual jefa de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Isabel Cubas; el letrado municipal Ruymán Torres; el exjefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo Epifanio Gómez, condenado por el Caso Mamotreto; la secretaria delegada del organismo autónomo, Luisa del Toro; el jefe de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, Andrés de Souza; el responsable de Costas Carlos González y sus compañeros en la administración estatal Juan Antonio Troya y José Ramón Martínez, entre otros.  

Especial atención merecerá la declaración del que fuera abogado de la Junta de Compensación y, posteriormente, asesor de la sociedad que crearon para la operación Antonio Plasencia e Ignacio González: Mauricio Hayek. Junto a él acudirán los dos presidentes que tuvo la Junta en su historia, Jerónimo Delgado y José Delgado. Hay que destacar también que han sido citados como testigos el inspector de la Policía Judicial y un oficial que llevaron la investigación del caso, además del arquitecto Javier Domínguez Anadón.

Así hasta completar una lista de 48 personas, a las que habrá de sumar los 13 técnicos que tendrán que acudir al Palacio de Justicia para informar de las distintas pruebas periciales solicitadas durante el procedimiento. La clave es la exarquitecta municipal Pía Oramas, que tasó en 17 millones de euros los terrenos que se compraron por 53 millones, y que ya en fase de instrucción declaró que había sufrido presiones para firmar las valoraciones que hicieron empresas externas y que elevaban sustancialmente el precio de las parcelas.

El número de intervinientes, la prueba documental aportada por la Fiscalía y la acusación popular, así como la complejidad de la causa convierten el juicio del Caso de Las Teresitas en una de las vistas por presunta corrupción más extensas que ha conocido Canarias