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El juicio contra los areneros de Güímar arranca el 19 de enero

La Audiencia Provincial llevará una vista oral que se prolongará durante más de un mes / Los cinco empresarios acusados se enfrentan a cinco años de cárcel y a indemnizaciones millonarias

El juicio contra los cinco empresarios acusados de extraer áridos de forma ilegal de los barrancos de Güímar durante casi veinte años ya tiene fecha. Según consta en un auto de la Audiencia Provincial del pasado 6 de octubre, al que ha tenido acceso mirametv.com, la vista comenzará el martes 19 de enero de 2016 y se prolongará durante más de un mes, ya que la sesión para las conclusiones finales ha sido fijada para el día 29 de febrero.

En el banquillo se sentarán los empresarios Antonio Plasencia, actual presidente de la patronal tinerfeña de la construcción, a quien el Ministerio Público también pide cuatro años de prisión por el Caso Las Teresitas; José Enrique Morales; Francisco Javier del Rosario; Fulgencio Díaz y Pedro Sicilia. La Fiscalía y la acusación popular piden cinco años de cárcel para cada uno de ellos por delitos contra el medio ambiente y que paguen de su bolsillo el coste de restaurar el equilibrio ecológico perturbado durante casi dos décadas de actividad ilegal. Para tener una idea de las cuantías a las que se enfrentan solo hay que ver la fianza que se les ha solicitado para iniciar el juicio: 279,3 millones de euros. Una cifra a la que hay que sumar los 209 millones que reclama en concepto de indemnización el Ayuntamiento de Güímar.

La vista oral, para la que se ha declarado competente la Audiencia Provincial, comenzará en la sala 12 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife el martes 19 de enero a las 9.45 horas. Está previsto que las sesiones continúen los días 21 y 22 de enero a la misma hora. El juicio se reanudará el 3 de febrero durante tres jornadas consecutivas, para volver a suspenderse hasta el 15 de febrero. A partir de esa fecha, y en base a lo avanzada que esté la vista, se utilizarán los días que sean necesarios hasta el 29 de febrero, cuando está señalada la jornada de conclusiones.

En la causa, además de la Fiscalía, están personados el Ayuntamiento de Güímar, como actor civil, y los denunciantes de los hechos, Francisco Javier Hernández y Jesús Segundo Jorge Díaz, representados por el abogado Carlos Álvarez como acusación popular. Los magistrados que llevarán la causa serán Joaquín Luis Astor Landete, presidente de la Sala; Fernando Paredes Sánchez, ponente; y Jaime Requena Juliani.

La extracción de áridos en los barrancos de Güímar, una actividad que ha destrozado gran parte del paisaje de la zona, se prolongó desde la década de los 90 hasta, al menos, el año 2007. El lugar afectado tiene un alto potencial agrícola, lo que no fue obstáculo para que las canteras apuraran de tal manera la superficie de sus parcelas que no respetaron los retranqueos mínimos exigidos en el desarrollo seguro de la actividad con respecto a los propietarios de los predios colindantes, como concluye la fiscal Inmaculada Violán en su acusación.

Todo valía con tal de conseguir la mayor productividad posible. El método empleado, como relata la Fiscalía, era "desordenado, sin control y a base de excavar enormes hoyos", lo que hacía "difícil" practicar la actividad agrícola en la zona. Los areneros provocaron cortes verticales que alcanzaron profundidades que sobrepasaban "con mucho lo permitido, con el consecuente efecto de inseguridad, generación de polvo e impacto visual".

Violán considera probado que las actuaciones llevadas a cabo en el Valle de Güímar "han conducido a un grave y progresivo deterioro ambiental, que se hace especialmente notable en la pérdida de suelos, impacto sobre el paisaje, perjuicio para la biodiversidad y alteraciones con incidencia en la población que vive en el entorno". Entre los efectos más significativos, la fiscal destaca que, por culpa de una actuación "caótica y desmedida", está afectado el funcionamiento natural del sistema hidráulico y de drenaje de los barrancos.

A los daños naturales se unen los efectos causados en la seguridad de la zona, ya que la gran verticalidad de los taludes provoca una "inestabilidad del terreno", lo que ya ha producido "desplomes y derrumbes de gran importancia". Esta situación se agrava debido a las lluvias, que pueden transportar "toneladas de escombros" que se depositan en el fondo de los huecos generados. La situación es tal que en los últimos años ha sido preciso "acometer obras de emergencia para la estabilización estructural de un tramo del cauce del barranco de Badajoz".

 

Incumplimientos

Para entender el lío normativo que rodea al caso de los áridos de Güímar, basta una lectura del informe realizado por el Ministerio Público, en el que se expone con todo lujo de detalles los incumplimientos en los que incurrieron los cinco empresarios acusados. ¿Tenían permiso? En algunos casos sí, pero en todos era insuficiente para realizar la actividad de extracción en la forma en que se produjo, con la agresividad que se realizó y durante el tiempo que duró.

Es cierto que algunas de las actuaciones que se llevaron a cabo en los barrancos contaban con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), otorgada en su día por la ya extinta Cumac, la ahora llamada Cotmac; además de una autorización de la Dirección General de Industria, aprobada con una serie de condicionantes que, en ningún caso,eximían de la responsabilidad de obtener el resto de títulos habilitantes obligatorios.

Ninguna de las empresas (Áridos del Sur SA, Hermanos Morales Martín SL, Áridos Atlántico SL, Áridos Puertito de Güímar SL y Extracción de Áridos Canarios SA) obtuvo permiso de la Dirección General de Urbanismo, calificación territorial, calificación de la actividad o para las actuaciones en dominio público hidráulico. Tampoco contaban con licencia municipal, salvo en el caso de la entidad de José Enrique Morales, que la tenía por silencio positivo pero que, según argumenta Violán, cometió "importantes excesos fuera del área autorizada".

Así consta también en una resolución de la dirección general de Ordenación del Territorio, fechada el 21 de enero de 2004, donde se reconoce de forma expresa que, en los barrancos de Güímar, "gran parte de las explotaciones mineras allí existentes vienen operando desde hace años con clandestinidad y no cumplen con las autorizaciones preceptivas o incumplen la normativa".

Después de una década de denuncias judiciales, el caso de los áridos de Güímar entra en su fase final tras la celebración del juicio oral. Los cinco empresarios que durante años extrajeron áridos sin permiso en los barrancos del municipio tinerfeño tendrán que defenderse de la presunta comisión de cinco delitos contra el medio ambiente, por los que la Fiscalía pide 25 años de cárcel y millonarias indemnizaciones económicas, entre otras posibles consecuencias penales.