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Las acusaciones reiteran la petición de inhabilitación por El Varadero

El fiscal pide ocho años para Macario Benítez, Ana Lupe Mora y la secretaria por prevaricación / Pedro Arcila solicita 10 años para los siete procesados / Las defensas plantean la libre absolución

Visto para sentencia. El juicio por el Caso Varadero escribió en la mañana de hoy su penúltima página después de algo más de veinte horas de vista oral, dividida a lo largo de tres sesiones. En la jornada dedicada a las conclusiones de las partes, la Fiscalía mantuvo la petición de ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público para el exalcalde de El Rosario Macario Benítez, la exconcejala de Urbanismo Ana Lupe Mora y la secretaria municipal por un delito de prevaricación. La acusación popular eleva la solicitud a 10 años e incluye a otros cuatro exediles que votaron a favor del polémico Plan Parcial. Las defensas de las siete personas que esta semana se sentaron en el banquillo reclaman la libre absolución. 

La titular del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Méndez, la misma que llevó el juicio por el llamado Caso Mamotreto, tendrá ahora que dictar una sentencia que, en principio, se prevé que esté lista en unos dos meses. Con la vista del Caso Varadero se intenta dilucidar si los gestores del Ayuntamiento de El Rosario tramitaron el Plan Parcial, que preveía cerca de mil viviendas en un suelo protegido y que fue anulado por la Justicia, a sabiendas de su ilegalidad.

El fiscal, Rafael Ruiz, lo tiene claro. El representante del Ministerio Público considera culpables de un delito de prevaricación a los principales responsables del expediente, el exalcalde y la exconcejala de Urbanismo, así como a la secretaria municipal que informó a favor del Plan Parcial. Hoy, durante casi dos horas de intervención, realizó un repaso por el relato de unos hechos en el que mantuvo los argumentos de su escrito de acusación.

Para Rafael Ruiz, los acusados eran conscientes durante la tramitación de la incompatibilidad que existía entre el expediente de El Varadero, la Ley de Moratoria Turística y el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). El fiscal aseguró en su turno de conclusiones que el Plan Parcial era "radicalmente incompatible" con el planeamiento del Cabildo. "No se podía urbanizar nada", recalcó. Antes de tomar la palabra, incluso, pidió que la juez leyera los fundamentos de dos de las resoluciones judiciales que pusieron negro sobre blanco la ilegalidad de las intenciones del Consistorio.

El representante del Ministerio Público hizo especial hincapié en el informe de la arquitecta municipal de abril de 2002, que llegó a advertir de hasta 27 reparos en el expediente. Rafael Ruiz destacó en especial uno de ellos: el Plan Parcial de El Varadero ni siquiera contemplaba la evacuación de aguas residuales. Sin embargo, y a pesar de que llegó a alertar de la inminente entrada en vigor del PIOT, el criterio de la técnico municipal "fue como si no existiera", explicó el fiscal.

 

"Grosera" interpretación de la Moratoria

En cuanto a la Ley de Moratoria Turística, tildó de "grosera" la interpretación que realizó la secretaria en su informe jurídico. Según el criterio de Rafael Ruiz, la tramitación del Plan Parcial tenía que haber sido suspendida desde la entrada en vigor de la norma autonómica en aplicación de su artículo 4. Igual de importante en el hilo conductor que siguió el fiscal fueron los tres informes desfavorables que elaboraron técnicos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), y que "los acusados conocían", tal y como declararon algunos de los testigos durante la segunda sesión del juicio.

En el discurso del fiscal no podía faltar el controvertido fax con el que el Ayuntamiento paralizó el expediente en la Cotmac cuando iba a ser abordado por la Ponencia Técnica, el 27 de noviembre de 2002. Rafael Ruiz acusó a los principales involucrados de actuar con "mala fe" y de hacer un "uso torticero" del documento. No hay que olvidar que, casi dos años después, el Consistorio aprobó el Plan Parcial por silencio administrativo con efecto retroactivo a diez días antes de que entrara en vigor el PIOT, lo que consideró una forma de proceder "fraudulenta". Para el representante del Ministerio Público, todo respondía a su intención de "puentear" al órgano fiscalizador del Gobierno.

"El fax, los informes desfavorables de la arquitecta municipal, del Cabildo, de la Cotmac... son muchas cosas para creer que se le pasaran por alto", en referencia al visto bueno que dio al expediente la secretaria del Ayuntamiento. En relación a la acusada Ana Lupe Mora, consideró que dio "información sesgada y viciada" al resto de concejales para que votaran a favor del Plan Parcial en el Pleno.

Pero si algo llamó la atención del discurso del representante del Ministerio Público fue su crítica a la posición que en distintas ocasiones mantuvieron otras administraciones implicadas. Rafael Ruiz fue claro a la hora de aseverar que el caso "no se entiende sin la aquiescencia" del resto de instituciones. Su sentencia, después de recordar los tirones de orejas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al Gobierno regional, fue tajante: "Si El Varadero se ha salvado no ha sido gracias a la Cotmac o al Cabildo, sino a la Justicia". A pesar de la complacencia de otras administraciones, durante la instrucción nunca se pidió la imputación de los políticos responsables en materia de planeamiento, casos de José Manuel Bermúdez en la Corporación insular o de Rafael Castellano en la regional. 

Después del fiscal, llegó el turno del abogado, y concejal de Alternativa Sí Se Puede en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, representante de la acusación popular. A diferencia del Ministerio Público, pidió 10 años de inhabilitación para los siete acusados, al considerar que se debe exigir un mayor conocimiento, por formar parte de la Comisión Informativa de Urbanismo, a los otros cuatro exconcejales procesados: Abel Acosta, Laurentino Quintana, Elba Delgado y Andrés Hernández. Durante su exposición, Arcila ahondó en los argumentos desplegados por Rafael Ruiz.

 

"Sin prueba de cargo"

Los tres abogados de los acusados coincidieron en pedir la libre absolución para sus representados, a lo que añadieron como atenuante "la existencia de dilaciones indebidas muy justificadas". Para ello incidieron hoy en que la Ley de Moratoria no era aplicable al Plan Parcial, al incluir en su articulado una renuncia expresa al uso turístico; defendieron como legal y "habitual" la aprobación por silencio administrativo con carácter retroactivo del documento; e incidieron en señalar que "no existe prueba de cargo" que demuestre el delito de prevaricación.

Juan Carlos Hernández, abogado de Macario Benítez y de los cuatro exconcejales a los que exculpa la Fiscalía, también pidió que se condenara en costas a la acusación popular. El letrado recordó algunos de los informes favorables que llegó a emitir el Cabildo de Tenerife e insistió en que el exalcalde "no ha hecho absolutamente nada" para estar sentado en el banquillo. En relación al fax que paralizó el expediente, aseguró que la Cotmac "podría haber actuado de motu proprio" para evitar la aprobación por silencio positivo porque "nada se lo impedía". Para terminar, quiso dejar claro que "no existe una ilegalidad grosera y escandalosa, esto pasa todos los días en las administraciones".

El abogado de Ana Lupe Mora, Esteban Sola, que también defiende al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Caso Corredor, le siguió en la palabra. El reputado letrado compartió los argumentos de su colega profesional, especialmente en la imposibilidad de aplicar la Ley de Moratoria Turística al Plan Parcial. Incluso, achacó lo ocurrido durante la tramitación del expediente a "las dificultades del normal funcionamiento de las administraciones públicas". Sola alegó que la exconcejala de Urbanismo "siempre partió del uso residencial" del proyecto en las reuniones de las que formó parte y recalcó varias veces que el expediente se podría haber aprobado sin problemas legales "de haberse tratado en los plazos establecidos".

El más vehemente en su exposición de los tres abogados defensores fue Juan Francisco López. El letrado de la secretaria municipal se agarró como eje de su alegato a que "no existe prueba de cargo que demuestre la intencionalidad" de su representada. Para López, lo ocurrido en el Caso Varadero fue un simple "error administrativo". Como ya había hecho en las dos sesiones anteriores, puso el dedo en una de las preguntas que la causa deja en el aire: "¿Por qué no se han pedido responsabilidades a la Cotmac y al Cabildo?".

Después de ocho años de instrucción, de cinco resoluciones en el Contencioso-Administrativo y de un juicio que se ha prolongado durante tres sesiones, el Caso Varadero queda visto para sentencia. Una historia judicial que ha marcado los últimos mandatos en el Ayuntamiento tinerfeño de El Rosario y que ha terminado por romper al PSOE en el municipio. En las pasadas elecciones los socialistas perdieron la Alcaldía, precisamente, ante el denunciante de la causa, el partido IR-Verdes, después de 33 años de gobiernos ininterrumpidos de Macario Benítez. Inocentes o culpables, la palabra la tiene ahora la juez Beatriz Méndez.