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El fiscal incide en el fax a la Cotmac y la falta de informes preceptivos

El representante del Ministerio Público acorrala a Ana Lupe Mora en la primera sesión del juicio por el 'Caso Varadero' / Macario Benítez fracasa en su intento de no declarar por problemas de salud

Casi seis horas se prolongó la primera de las tres sesiones previstas del juicio por el llamado Caso Varadero, que desde hoy sienta en el banquillo de los acusados al exalcalde socialista de El Rosario Macario Benítez y a la exconcejala de Urbanismo Ana Lupe Mora, además de otras cinco personas, por un presunto delito de prevaricación. Bajo el punto de mira de la Justicia: la aprobación de un Plan Parcial de cerca de mil viviendas en un suelo altamente protegido. La ausencia de informes preceptivos, el fax que paralizó el expediente en la Cotmac y el dictamen favorable de la secretaria marcaron la primera jornada. 

La sesión arrancó con la petición de Macario Benítez de no declarar por sus problemas de salud, sufre Parkinson, rechazada por la juez Beatriz Méndez tras solicitar previamente un informe médico forense. Con más de una hora de retraso, la vista comenzó con el testimonio del exalcalde, que solo contestó a su abogado. La intensidad del juicio aumentó de manera considerable cuando le llegó el turno a Ana Lupe Mora, duramente acorralada por el fiscal Rafael Ruiz, sustituto de la trasladada Inmaculada Violán, que ahondó de manera incisiva en varias contradicciones en las que cayó la exconcejala y exconsejera de Medio Ambiente del Cabildo. La tercera en declarar, la última de los acusados por el Ministerio Público, fue la secretaria municipal, María Anita Alonso, que llevó el interrogatorio a un terreno mucho más jurídico y técnico. Tras un receso, la última hora y media fue para los otros cuatro exediles que la acusación popular de IR-Verdes ha logrado sentar en el banquillo.

El paso de Macario Benítez por la tarima del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife fue breve. Acogido a su derecho a no declarar, solo respondió a las preguntas de su abogado. Hubo tiempo, eso sí, para entrar en el asunto estelar sobre el que gira parte de la acusación: el FAX que en noviembre de 2002 envió el Ayuntamiento de El Rosario a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) para paralizar el expediente, que aprobó por silencio administrativo en 2004. El exalcalde aseguró que "alguien" del órgano dependiente del Gobierno autonómico le pidió que remitiera la comunicación, pero que "no recordaba quién". Además, dijo que "no conocía que existieran informes negativos" al Plan Parcial de El Varadero. A pesar de que el Consistorio actuó en muchas ocasiones de la mano del promotor de la urbanización, Amador Díaz, intentó desvincularse al asegurar que lo conocía "igual que a otro empresario cualquiera".

 

Contradicciones

La temperatura se elevó con la declaración de Ana Lupe Mora, que decidió contestar a las preguntas del fiscal, no así a las de la acusación popular, que lleva el abogado Pedro Fernández Arcila en representación de IR-Verdes. La exconcejala de Urbanismo cayó en varias contradicciones, lo que aprovechó Rafael Ruiz para intentar dejar en evidencia a la actual portavoz de Vecinos por El Rosario. Nada más comenzar, admitió que conocía la incompatibilidad de la urbanización con el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT), aunque rápidamente aclaró que "el derecho transitorio lo permitía si el Plan ya estaba en marcha”. Como era de esperar, se apoyó en que la aprobación del Plan Parcial de El Varadero contaba con el informe favorable de la secretaria municipal, también acusada, e insistió en que solo hablaba con Macario Benítez del expediente, a pesar de su importancia, "en algunas ocasiones".

La marejada llegó cuando el fiscal puso el dedo en los informes preceptivos de la Cotmac y del Cabildo. Mora dijo que "no estaban en el expediente", lo que provocó la rápida respuesta del representante del Ministerio Público: "¿Por qué no si eran preceptivos?". "No lo sé", replicó la exconcejala. "¿Pero usted era la responsable de Urbanismo?" Un enredo del que no pudo salir la también exconsejera insular que, una vez más, volvió a apoyarse en el criterio de la secretaria. Igual de llamativas fueran las respuestas sobre el polémico fax que en noviembre de 2002 envió el Ayuntamiento de El Rosario a la Cotmac para paralizar el expediente. Ana Lupe Mora aseveró que "se enteró por el alcalde", y dijo no haber conocido que se había enviado hasta después. Esto contradice las palabras de la propia exconcejala que, ya de consejera del Cabildo, admitió en una entrevista en el programa de Mírame Televisión Tenerife al Día que sabía que se iba a enviar la comunicación antes de que saliera del Consistorio

En este punto, Mora incidió en que el expediente "nunca estuvo paralizado", lo que llevó al fiscal a recordarle que desde que se envió el fax, en noviembre de 2002, hasta abril de 2004 "no se movió un papel sobre el Plan Parcial". También dijo la exconcejala que "no sabe" por qué se pidió un informe externo al abogado Fernández Aceytuno, una afirmación que corrigió cuando su abogado le preguntó lo mismo y contestó que fue para "mayor tranquilidad". Su letrado, Esteban Sola, el mismo que defiende a Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en el Caso Corredor, también aprovechó para recordar que otras administraciones apoyaron el documento sobre El Varadero "y no están ni imputados ni acusados".

Fue entonces cuando la juez, Beatriz Méndez, intervino para meter el dedo en la herida que había abierto el fiscal con sus preguntas. "¿No le extrañó que se hubiera enviado el fax si todo estaba conforme?", "¿sabía que no se había emitido el informe preceptivo de la Cotmac?"; lo que volvió a hacer titubear a la acusada. "Entendí que se hacía en base al criterio técnico" y "creí que tenía que estar en el expediente", fueron sus respuestas. 

 

El informe de la secretaria

A pesar de lo caldeado que se había quedado el ambiente, la secretaria municipal comenzó su turno de preguntas con serenidad y confianza. María Anita Alonso aprovechó su formación para llevar la declaración al terreno jurídico, e incluso fue la única que se permitió contestar al abogado de la acusación popular. Así, rebatió los argumentos de las acusaciones, defendió que el Plan Parcial eliminaba todo el uso turístico de la urbanización o que el PIOT no había entrado en vigor cuando se aprobó el expediente de El Varadero. En su contra se puso sobre la mesa el artículo 51 del propio documento, que contempla apartamentos y bungalows, o las sentencias que han declarado ilegal el Plan por incumplir el planeamiento insular. 

La secretaria municipal, a pesar de que el resto de acusados basan su defensa en su informe favorable, defendió la legalidad de todo el procedimiento. Insistió en que el fax no paralizó el expediente y en el hecho de que si se aprobó en 2004 por silencio administrativo positivo, con carácter retroactivo a una fecha dos semanas anterior a la entrada en vigor del PIOT, fue porque lo pidió el promotor y el Ayuntamiento no podía quedarse sin responder la solicitud.

Los otros cuatro acusados, los exconcejales Laurentino Quintana, María Elba Delgado, Andrés Hernández y Abel Acosta, solo contestaron a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía, que no hay que olvidar les exculpa de toda responsabilidad. El representante del Ministerio Público llevó sus preguntas a conocer quién les había informado del expediente, y todos apuntaron a la misma dirección: la concejala de Urbanismo.

El juicio del Caso Varadero continuará mañana con la declaración de 19 testigos y finalizará, si se cumplen los tiempos marcados, este miércoles con la lectura de las conclusiones de las partes. La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación especial para cargo y empleo público por un delito de prevaricación a Macario Benítez, Ana Lupe Mora y María Anita Alonso; mientras que la acusación popular pide diez años de inhabilitación para las siete personas que hoy tomaron asiento en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.