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La Asociación en Defensa de la Sanidad pública exige al presidente canario por escrito el fin de los conciertos sanitarios con hospitales privados no homologados antes de llevar el caso a los tribunales

Las personas profesionales de la Sanidad pública insisten en recusar al consejero de Sanidad por incompatibilidad al firmar un cambio de la norma en beneficio de la Sanidad privada de la que era directivo // La ADSPC "se reserva la acciones civiles, patrimoniales y penales que procedan" contra todos aquellos que hayan "participado presuntamente en delitos de tráfico de influencias o negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, o en su caso de prevaricación"

Ha comenzado el contraataque de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias (ADSPC) para “parar la privatización de la Sanidad canaria” con la primera medida de la estrategia jurídica que se acaba de poner en marcha gracias al éxito del ‘crowdfunding’ con el que recaudaron 9.399 euros en microdonaciones ciudadanas: Se trata de una demanda administrativa registrada este mismo lunes con la que poner al Gobierno canario entre la espada y la pared antes de llevar el asunto a los tribunales de Justicia. En ella, la ADSPC solicita al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), dos cosas para empezar: “La suspensión/revocación de la adjudicación de los acuerdos marco, para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización, media estancia, a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud (SCS), con relación a las camas que no cumplan los requisitos de homologación, conforme a lo establecido en la Orden de 28 de noviembre de 2006”; y el cese del consejero de Sanidad y exalto cargo de la Sanidad privada, José Miguel Baltar (CC), al que recusan por “manifiesta incompatibilidad” a la vista “de las numerosas actuaciones que ha realizado en el expediente origen del procedimiento”.

La ADSPC asegura que “por increíble que parezca” el consejero de Sanidad “atenta contra los intereses generales y todos los principios que deben presidir la defensa del interés público, en beneficio de las empresas sanitarias privadas (en su mayor parte asociadas a las organizaciones empresariales de las que ha sido representante, y entre las que se encuentra además expresamente la Clínica San Roque, del Grupo del que ha sido directivo justo antes de tomar posesión de su cargo) dictando la Orden de 27 de marzo de 2018, firmada de su puño y letra y vulnerando las normas de incompatibilidad. Esa resolución invoca la “calidad asistencial y el interés público” de una  “forma cínica” según argumenta la Asociación,  y modifica la Orden de la Consejería de Sanidad de 28 de noviembre de 2006 que impedía la concertación de centros no homologados para conceder a las clínicas privadas un nuevo plazo para el cumplimiento de los requisitos a que venían obligados desde el año 2006.

El documento jurídico en forma de demanda administrativa insiste en varias ocasiones en que la ADSPC “se reserva la acciones civiles, patrimoniales y penales que procedan contra todos aquellos que hayan participado en los hechos expuestos en el presente escrito, o en su caso, en otros expedientes en los que se haya perjudicado la Sanidad Pública a favor de los intereses privados”. Es más, destaca que, “desde la perspectiva penal, el desempeño de las competencias orgánicas del titular de la Consejería de Sanidad, en las circunstancias que concurren en el presente caso, pueden constituir actuaciones inapropiadas y/o prohibidas, por lo que en aplicación del Código Penal, podría haberse consumado presuntamente varios delitos, bien de tráfico de influencias o negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, o en su caso de prevaricación, así como otras actuaciones que indican presuntos abusos en el ejercicio de sus funciones por parte del meritado Consejero de Sanidad”.

Cabe recordar que Canarias continúa estando en el podio de la privatización de la Sanidad Pública: Es la cuarta comunidad autónoma con un “grado de privatización”, por tercer año consecutivo, “más elevado”. Una posición  que coincide con la que ocupa Canarias en el podio de las Comunidades que más recursos de la Sanidad Pública destinan a la concertación del negocio privado.

Contra esta situación, la ADSPC ha registrado hoy en el Gobierno canario la demanda administrativa que se adjunta a continuación y en la que se solicita "la aplicación inmediata de lo previsto en el artículo 12 del Decreto 105/2006 de 20 de julio, por el que se regula la homologación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y por el que se desarrolla el régimen jurídico del concierto sanitario, en relación con el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera Única de la Orden de 27 de marzo de 2018 en relación con la suspensión y/o en su caso revocación de la homologación. Y todo ello sin perjuicio de considerar que ésta última norma ya sea atentatoria de la normativa básica de aplicación [que el escrito considera que es la Ley de Contratos del Sector Público] así como del deber legal de abstención [del consejero de Sanidad]". Además, solicitan que se proceda a la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de hospitalización media estancia a pacientes derivados del SCS mediante Acuerdos Marco y procedimiento abierto afectados de nulidad de pleno derecho", aseguran, "por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".