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La trama 'Corredor' pretendía controlar el negocio de las apuestas

Los investigadores vinculan los incendios que sufrió el denunciante con la intención de hacerse con el Sketch / Evaristo González dijo en una conversación que todo pasaba "por la joya de la corona"

El objetivo era el Sketch. Controlar el local que regentaba Carlos Calderón, denunciante de la Operación Corredor, estaba en la hoja de ruta trazada por el abogado y empresario Evaristo González, principal imputado en la investigación, para montar un negocio de apuestas en el centro de La Laguna. Así se desprende de diversos autos dictados por el juez Juan Manuel Reyes Alvarado e informes elaborados por la Brigada Provincial de la Policía Judicial, a los que ha tenido acceso mirametv.com.

Los investigadores vinculan las intenciones del considerado cabecilla de la trama con los tres incendios que sufrió el denunciante, uno en su casa y dos en el propio Sketch. En un auto de 22 de mayo de 2010, el juez argumenta que "no es descabellado pensar que, con la intención de amedrentar a Carlos Calderón, se iniciara una campaña de incendios en torno a su persona, afectando a su domicilio particular y negocio". En el mismo escrito, el instructor alude a una conversación telefónica de Evaristo González "en la que muestra un interés por el local donde se ubica el pub Sketch" para llevar a cabo la apertura de "otro negocio de apuestas en el que él participaría directamente", según se desprende de los pinchazos telefónicos.

Esta línea de la investigación, que forma parte de la pieza principal de la instrucción, se fundamenta en una comunicación telefónica que el principal imputado mantuvo con uno de sus socios, Carlos Machín Quintero, el 26 de abril de 2010. Durante la conversación entre ambos, Evaristo González manifiesta que "se ha entrevistado con una persona conocida como Ferrer", en alusión a Juan Ferrer Martínez, vicesecretario de la empresas Sistemas Técnicos de Consumo SA (Sitecsa), para abordar un asunto relacionado con "un reglamento que actualmente se está discutiendo en el Parlamento". El juez aclara en el auto que del contenido de la intervención "se infiere que podrían referirse a un reglamento en materia de juegos y apuestas".

Evaristo González, siempre según el auto judicial, "muestra interés sobre una propuesta efectuada por Juan Ferrer", pero destaca como un posible inconveniente que esta cuestión "pasa por la joya de la corona". Esta referencia, a criterio de los investigadores, "podría tratarse de un organismo o persona con una posición dominante en estos asuntos; bien una gran empresa del sector, bien una autoridad con competencia en la materia".

Del contenido de las conversaciones se desprende el alto grado de conocimiento e interés que poseían los investigados sobre la supuesta tramitación del reglamento, incluso antes de ser aprobado por el Parlamento. En las comunicaciones se anticipa incluso que "la gestión de estos locales será asignada a una empresa con vinculación directa a Sitecsa, aludiendo a las empresas Cirsa y Unidesa". Para el juez, el hecho de que Evaristo afirmase conocer que la apertura y concesión de licencias a locales sería a través de una concesionaria, y no del propio Gobierno, "podría ser constitutivo de presuntos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada".

 

El Gobierno aprobó el Reglamento

No iba muy desencaminado el principal imputado en la Operación Corredor. El 15 de julio de 2010 se aprobó de forma definitiva la Ley 8/2010, con la que se abrió el abanico que abarcaba el negocio hasta ese momento. Con la nueva norma, se permiten por primera vez las apuestas en cualquier ámbito deportivo, incluida la lucha canaria, en establecimientos ajenos a los lugares donde se disputan las respectivas competiciones. Una norma que fue desarrollada con la entrada en vigor del Decreto 98/2014, de 16 de octubre, con el que se daba luz verde al Reglamento de Apuestas Externas de Canarias. A partir de ahí, los locales dedicados al juego han brotado como setas, especialmente en La Laguna.    

Esta hipótesis que mantienen los investigadores, de poder demostrarse, vendría a explicar el concreto interés de Evaristo González en hacerse con el control del local que en aquel momento regentaba el denunciante de la causa. Una argumentación que se vería reforzada al referirse el empresario y abogado lagunero al Sketch como el mejor sitio del municipio para ubicar un local de apuestas, "de toda la vida", como figura en la conversación telefónica. El juez destaca que el principal imputado llega a asegurar que le será asignado un establecimiento para poner en marcha un negocio sobre esta materia, al aseverar que "nosotros que vamos a entrar es lógico que entraremos en todo el juego juntos, ¿no?, se está dejando caer con la joya de la corona".

En el auto judicial se concluye que "resulta bastante significativo que en esta conversación se aluda al referido pub como lugar idóneo para un local de apuestas, ignorando su realidad actual en cuanto al contrato de arrendamiento suscrito por el denunciante con sus legítimos propietarios y las licencias de las que goza para el desarrollo de su actividad de ocio". El juez resalta también que "da la impresión de que Evaristo cuenta con la plena disponibilidad del local, pues en ningún momento se hace mención a estas circunstancias; es más, de sus palabras parece como si no existiese impedimento alguno".

 

Incendios

El denunciante de la Operación Corredor sufrió un incendio en su vivienda el 17 de abril de 2009, otro en el local del Sketch el 13 de diciembre de ese mismo año y, por último, un nuevo episodio en el garaje colindante a su negocio el 13 de abril de 2010. Para la Policía Judicial, como concluye en uno de sus oficios, "se considera como muy probable que exista una estrecha vinculación entre todos".

En un oficio policial elaborado en mayo de 2010, los investigadores recuerdan el testimonio de una arquitecta amiga de Carlos Calderón, que supuestamente presenció una reunión en la que se encontraban, entre otros, el propio Evaristo González; el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo; y el gerente de Urbanismo, Roberto Remiro. En el encuentro, según la declaración que recogió uno de los agentes en una cita con la testigo, el abogado y empresario presuntamente aseguró que estaba "dispuesto a cualquier cosa para desalojar al denunciante del pub Sketch", lo que pasaba incluso por "meter mierda y llamar a los GEOS", lo que los investigadores vinculan con su intención de "introducir droga en el local tendente a su aprehensión y sanción administrativa, lo que conlleva el cierre y cese de actividades, incluso la retirada de licencia".

Tanto el por entonces juez instructor como la Policía vieron reforzada esta línea de la investigación con la relación existente con otro incendio, el que sufrió el local conocido como BB+, vinculado a Evaristo González. A raíz de una serie de discrepancias entre el abogado y la persona que regentaba el establecimiento con anterioridad, el empresario investigado habría propiciado las llamas que afectaron al negocio del Cuadrilátero el 15 de diciembre de 2009, dos días después del incendio que había sufrido el Sketch. Un hecho al se alude en una conversación telefónica que Evaristo mantuvo con una persona que responde al nombre de Tomás el 12 de junio de 2010, en la que aseguró que este incendió le salió bien: "Fue hecho perfecto, esta vez sí fue hecho perfecto, porque el que hice allá en Guamasa, en los Álamos, me salió mal; mal hecho, mal hecho. Ese no lo hicieron bien los que lo hicieron, pero bueno, este me salió perfecto".

Según el juez, y en base a los oficios policiales que obran en el sumario del caso, "se considera como muy probable que un mismo grupo de delincuentes sea el único autor de los incendios".

A pesar de su importancia, esta línea de la investigación se encuentra parada, toda vez que tras levantarse el secreto de sumario, el pasado mes de noviembre, y después de haber estado paralizada la instrucción durante dos años por no contar el Juzgado con un escáner para digitalizar el sumario, el juez César Romero Pamparacuatro decidió dar prioridad a la pieza separada que afecta al alcalde de La Laguna. Con la posterior querella que presentó Evaristo González contra el instructor, y su abstención posterior, el grueso de la Operación Corredor vuelve a estar en suspenso hasta que, si así lo decide, se vuelva a reincorporar a su plaza de titular en Instrucción Número 1 de La Laguna, ahora que la causa contra él ha sido archivada. La anulación de nueve meses de escuchas telefónicas, que dictó el pasado 20 de mayo la juez sustituta, no afecta a esta parte de las diligencias.