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La Audiencia ordena la imputación de Víctor Reyes por el 'Caso Siliuto'

El Tribunal estima los recursos de la Fiscalía y la acusación popular / El Juzgado cita a declarar al exsecretario de Urbanismo el día 9 de junio por presuntos delitos de prevaricación y malversación

La Audiencia Provincial ha estimado los recursos de la Fiscalía y la acusación popular para que el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Juan Víctor Reyes Delgado acuda a declarar en calidad de imputado por el conocido como Caso Siliuto. Según consta en una diligencia del secretario del Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital, a la que ha tenido acceso mirametv.com, el funcionario tendrá que acudir a prestar testimonio el próximo 9 de junio por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales.

En mayo de 2013, la juez Nuria Navarro dispuso en un auto la prescripción de los delitos imputados a Víctor Reyes y el archivo de la causa contra él, al haber transcurrido más de diez años de los hechos denunciados, pese a que mantenía la situación procesal de las otras ocho personas investigadas. Ahora, la estimación de los recursos de reforma interpuestos por el Ministerio Público y la acusación popular conlleva que el funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al que la Fiscalía también solicita cuatro años de prisión por el Caso Las Teresitas, tenga que declarar por presunta prevaricación y malversación.

El Juzgado de Instrucción Número 1 investiga la adquisición del céntrico inmueble de la capital tinerfeña, por el que el Ayuntamiento pagó 612.000 euros en 2002, más otros 11.000 euros en impuestos. Una cuantía que casi doblaba la tasación realizada por los técnicos municipales, que cifraron el valor del edificio en 332.500 euros. Un informe pericial encargado por la Fiscalía durante las diligencias judiciales arrojó una tercera cifra que, en cualquier caso, confirma el derroche en el que incurrieron los responsables municipales, al calcular el coste real de la casa Siliuto en 475.000 euros.

Tras el auto de la Audiencia Provincial, un total de nueve personas se encuentran imputadas en la causa por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Se trata de los responsables de aprobar la compra del inmueble en la sesión del Consejo Rector de Urbanismo que se celebró el 3 de diciembre de 2002. Entre los investigados figuran históricos concejales de Coalición Canaria (CC), como Norberto Plasencia y Manuel Parejo, ya condenados a penas de prisión e inhabilitación por el Caso Mamotreto, además del exedil y alto cargo de la Policía Nacional Basilio Franco. De los imputados, el único que ostenta un puesto en el Ayuntamiento en la actualidad es Dámaso Arteaga, responsable de la Concejalía de Servicios Públicos en esta última legislatura, donde ha trabajado codo con codo con el propio Víctor Reyes.  

El Caso Siliuto fue denunciado por los abogados Pedro Fernández Arcila y Felipe Campos. Este último ejerce la acusación popular junto al letrado Antonio Espinosa. También se encuentra personada en el procedimiento la formación Izquierda Unida bajo la representación de José Pérez Ventura.