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CC y PP impiden que se vote la moción para derribar el mamotreto

Nacionalistas y conservadores se alían para boicotear la propuesta de Ciudadanos tras el anuncio de Guigou de acudir a la Justicia / Piden que el secretario informe sobre las consecuencias penales

Siempre hay una primera vez. Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) unieron fuerzas en la tarde de hoy para evitar que en el pleno municipal se votase la moción de Ciudadanos de Santa Cruz, cuya propuesta de acuerdo pedía el derribo del mamotreto. Lo hicieron, eso sí, después de que Guillermo Guigou explicara su intención de denunciar en los Juzgados a los ediles que votasen en contra, lo que provocó que el PP anunciase su abstención.

Sin el voto de la formación conservadora, y después de que el resto de fuerzas, incluido el PSOE, que forma parte del Gobierno municipal, mostrasen su apoyo al texto, la mayoría se decantaba del lado favorable al derribo. Este hecho provocó que el alcalde, José Manuel Bermúdez, solicitase un receso para reunir a todos los portavoces. Fue en ese parón, que se prolongó durante escasos 15 minutos, donde se decidió aplicar, por primera vez en la historia democrática del Ayuntamiento, el artículo 92 del Reglamento Oficial de Funcionamiento de las Entidades Locales, que permite retirar un expediente a petición de uno de los grupos políticos si existe mayoría simple.

Durante algo más de una hora, el Pleno capitalino vivió una de las sesiones más tensas de estos cuatro años de mandato. El anuncio de Guigou de acudir a la Justicia si se votaba en contra, bajo el argumento de que se estaría desobedeciendo una sentencia judicial firme, lo cambió todo. Antes, el concejal de Ciudadanos acusó al alcalde de ser "prisionero de los intereses de quienes le manejan", en alusión al anterior responsable municipal, Miguel Zerolo.

Cándido Quintana, portavoz de la Plataforma para el derribo del mamotreto, fue el primero en tomar la palabra en el pleno, tras una petición de intervención popular. En la línea que ha mantenido en los últimos años, insistió en que el edificio "causó estragos con las últimas lluvias" y afirmó que el "pueblo de San Andrés no lo quiere". Su discurso acabó con una frase que retumbó en las paredes del Palacio de los Dragos: "Que paguen los responsables, el mamotreto es un apéndice de una trama de corrupción de libro".

Antes de que comenzase el turno de los grupos, el secretario municipal, Luis Prieto, leyó un informe elaborado para la ocasión, insuficiente según CC y PP para no retirar la moción. El máximo garante de la legalidad en el pleno recordó que "los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizadas", a lo que añadió, entre otros argumentos jurídicos, que "las resoluciones judiciales firmes deben ser acatadas y cumplidas, no debatidas".

 

Iniciar el Plan Especial

Aunque sobre el fondo de la cuestión el debate se ha trasladado a los medios en las últimas semanas, poco se iba a aportar en el día de hoy, importante fue el conocimiento de que el pasado 27 de abril, como mirametv.com pudo comprobar, Bermúdez ordenó el inicio de la tramitación del Plan Especial de Las Teresitas, lo que el Grupo Mixto consideró como un intento de aprobar el mamotreto "por la puerta de atrás".

Como era de esperar, el concejal de Por Tenerife José Manuel Corrales insistió en la idea de que CC y PP "están protegiendo a una trama corrupta que se llevó más de 100 millones de euros calentitos", y también lanzó un mensaje directo al alcalde: "Usted no está por encima de la Ley, no puede desobedecer resoluciones judiciales".

Pedro Fernández Arcila, concejal de Alternativa Sí Se Puede, y abogado de profesión, explicó que "hay razones jurídicas y políticas de sobra para derribar el mamotreto". Mucho más polémicas fueron sus palabras cuando aseguró, en referencia a los concejales de CC, que, "desde sus abuelos, llevan más de 70 años intentando robarle la playa al pueblo de Santa Cruz y de San Andrés".

El concejal de Urbanismo, en un pacto roto en todo lo que tiene que ver con el mamotreto, el socialista José Ángel Martín, recalcó la idea de que el edificio "es ilegal e ilegalizable, la demolición debe ser total, los técnicos son claros". El primer teniente de alcalde también tuvo tiempo de acordarse de los que han "lanzado una campaña en los medios de comunicación" para evitar el derribo, a los que llamó "cobardes" por no aportar sus argumentos "hasta que se produjo la sentencia firme de la Audiencia Provincial".

El portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, defendió la posición de su grupo "al lado de la ley", y aseveró que su formación es "la única que siempre ha estado en el mismo sitio". El también concejal de Seguridad Ciudadana repitió lo que ya ha manifestado en otras ocasiones: "Lo del mamotreto no tiene nada que ver con la corrupción y el pago de favores".

Pero la clave de lo ocurrido llegó con el turno del concejal del PP Manuel Fernández, que dijo sentirse "amenazado" por el anuncio de Guigou, e hizo tambalear el resultado de la votación al informar de que su grupo se abstendría, aunque no reparó en su defensa del mantenimiento del controvertido edificio.

El alcalde, como suele hacer cuando se debaten mociones de trascendencia, tomó la palabra al final del debate, ya sin capacidad de réplica para el resto de concejales, para contestar a la mayoría de intervinientes. Bermúdez explicó que el Ayuntamiento "va a ir de la mano del Juzgado en el cumplimiento de la sentencia", a la que añadió que "todavía se está tramitando la ejecución de la sentencia". El dirigente nacionalista cuestionó a Guigou, a quien acusó de no haber presentado la denuncia antes "porque ahora estamos en período electoral".

El tono del alcalde subió de decibelios para contestar al anuncio del concejal de Ciudadanos de llevar la votación a los juzgados: "Si me denuncian, voy a defender mi honor", y especialmente replicó a Pedro Fernández Arcila al advertir que su abuelo "emigró de Lanzarote huyendo del hambre".

Al final, todo el debate quedó en papel mojado... Al menos hasta una próxima sesión en la que se retome la votación cuando exista un informe jurídico del secretario municipal sobre las consecuencias de votar en contra de la moción del derribo. En paralelo, la titular del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife tendrá que responder al último informe de los técnicos del Ayuntamiento con una resolución definitiva sobre el edificio. Habrá que esperar para saber qué será primero.