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El Cabildo ignoró un informe que pedía parar la obra de San Isidro

Un técnico de la Consejería de Carreteras solicitó por escrito en 2009 que se suspendieran los trabajos por las discrepancias con la UTE / La Fiscalía investiga el sobrecoste de 4,5 millones

El director de la obra de la vía de servicio y modificación de enlaces de San Isidro-Aeropuerto Sur, investigada por la Fiscalía Provincial, solicitó parar los trabajos cinco meses después del primer rechazo de la UTE al proyecto modificado, que finalmente supuso un sobrecoste de más de 4,5 millones. Nadie le hizo caso.

Así consta en un informe al que ha tenido acceso mirametv.com, fechado el 19 de marzo de 2009, en donde se expone que "la Dirección propone la paralización de la obra hasta tanto no se apruebe el proyecto modificado". En octubre de 2008, la UTE comunicó al Cabildo que no aceptaba los precios propuestos para las nuevas actuaciones necesarias en la vía; discrepancias que se prolongaron hasta que el expediente fue desbloqueado y liquidado, con un sobrecoste de más del 53%, por 14,2 millones de euros en diciembre de 2012.

Los responsables de la Consejería de Carreteras del Cabildo de Tenerife, sin embargo, desoyeron al funcionario y permitieron que los trabajos continuaran pese a no existir acuerdo con las constructoras Acciona y Construcciones Darias, hasta el punto de que en 2010 se abrió la infraestructura al tráfico sin tener aprobados los cambios y sin haber logrado aún un consenso con la adjudicataria sobre el coste final de las obras. En aquel momento, con la consejera del PP Vicenta Díaz, ya fallecida, achacada por una grave enfermedad, el área estaba en manos de la directora insular, Ofelia Manjón (foto), de Coalición Canaria.  

Según el informe del interventor general, la normativa establece que "sólo podrán introducirse variaciones sin previa aprobación (...) siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato, IGIC excluido". El órgano fiscalizador, en su escrito de noviembre de 2012, recordó que "se tenía que haber tramitado la correspondiente modificación del contrato adjudicado en los términos previstos". Nunca se hizo, incluso, a pesar de que en reiteradas ocasiones la UTE comunicó que no aceptaba la propuesta de los técnicos del Cabildo tinerfeño.

 

La UTE, con la sartén por el mango

No hay que olvidar que las obras fueron adjudicadas en 2006 a la UTE formada por Acciona y Construcciones Darias por 8,5 millones, pero no se liquidaron hasta 2012 por 14,2 millones, donde se incluye un sobrecoste de los trabajos del 53% y un millón de euros en concepto de revisión de precios. La adjudicataria, que en 2011 había iniciado el proceso administrativo para reclamar el coste total de la infraestructura, que en aquel momento tasó en 18,9 millones, renunció a más de un millón de euros de intereses de demora para cerrar el acuerdo.

"Las debilidades o insuficiencias detectadas en el procedimiento de tramitación del expediente", en palabras del propio interventor, generaron una serie de derechos a las empresas adjudicatarias. Al no paralizar la obra cuando saltaron las discrepancias, tanto los intereses de demora como la revisión de precios no dejaron de crecer hasta que se liquidaron los trabajos.

Es más, la UTE también apoyó su reclamación en la teoría del enriquecimiento injusto, avalada por el interventor, fruto de que el Cabildo pusiera en funcionamiento la vía sin haber liquidado el contrato, lo que, con la Ley en la mano y el paso de los meses, suponía un beneficio para la Administración y un perjuicio para las constructoras. Como informó el órgano fiscalizador del Cabildo, "la ocupación efectiva de las obras debió de acordarse por el órgano de contratación previa cumplimentación de la correspondiente acta de comprobación". No solo no se hizo, sino que en 2010, con la vía finalizada y sin haber pagado a la adjudicataria, después de dos años de discrepancias sobre el precio del modificado, Carreteras permitió su apertura al tráfico rodado.

La Fiscalía Provincial investiga si las actuaciones llevadas a cabo por los responsables de la Consejería son constitutivas de delito, toda vez que las irregularidades detectadas, confirmadas por el interventor, provocaron un sobrecoste de más de 4,5 millones en relación a la adjudicación que se llevó a cabo en 2006. No es el único expediente que se encuentra sobre la mesa del Ministerio Público y que afecta al área de Carreteras. Hasta otros 18 casos han sido denunciados por el actual responsable de Carreteras, el socialista José Luis Delgado, que el miércoles, en una entrevista en el programa de Mírame Televisión Tenerife al Día, avanzó que "tiene todas las pruebas de que, al menos, un concurso público fue manipulado".