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Fátima González, tras 30 años esperando por una vivienda social: “temo acabar en una cueva"

El paro de larga duración ha provocado que ella y su marido dependan de las ayudas públicas para comer / El marido de Fátima, con una discapacidad del 40%, lleva sin empleo 5 años / 21.600 personas en Canarias siguen esperando por una vivienda social

El sueño de Fátima González, de 55 años, comenzó hace tres décadas, cuando se inscribió en el Ayuntamiento de La Laguna para ser beneficiaria de una vivienda de protección oficial. Ese sueño era poder disfrutar de una casa propia por la que poder pagar un precio acorde con sus bajos ingresos, toda la vida Fátima ha trabajado como empleada del hogar. Actualmente el sueldo que percibe por esa tarea no supera los 200€ y su marido, con una discapacidad reconocida del 40% por la pérdida de un ojo, lleva en paro 5 años. Fátima se considera “una persona sin suerte a la que todo le ha salido mal”.

Después de 30 años solicitando esa vivienda, y siempre obteniendo la puntuación necesaria para acceder a los sorteos, nunca le ha tocado. Fátima además se ha negado a asistir a la escenificación de los concursos públicos de sorteo de viviendas en los que la administración reúne a los posibles beneficiarios y sólo unos pocos son los agraciados. El propio Fernando Clavijo, candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno autonómico, aseguró recientemente en MÍRAME TV que no comparte “el show y el espectáculo que se hace con los sorteos, es lamentable”, reconociendo que el Gobierno canario hasta ahora no ha hecho un reparto y sorteo de viviendas públicas con dignidad.

Cuando el marido de Fátima, con 45 años, se quedó sin empleo, empezó a cobrar la ayuda de 426€. Con eso, más lo que percibía Fátima como empleada del hogar, consiguieron sobrevivir de alquiler durante un tiempo. Cuando se acabó la ayuda, el matrimonio tuvo que recurrir a la familia y se mudaron a vivir desde La Laguna, donde residían, a Tacoronte, a la casa del suegro de Fátima. La convivencia en el hogar no es fácil porque su suegro tiene un problema de alcoholismo, y Fátima ha tenido que soportar episodios violentos pero, según la propia Fátima, “la solución era esta o irnos a vivir a una cueva o a un barranco”.

Mientras tanto, el matrimonio no puede optar a recuperar su intimidad en una casa de alquiler porque “el dinero no nos llega ni para comer” y, actualmente, cubren sus gastos con una pequeña cantidad que su marido percibe haciendo un curso para personas discapacitadas en desempleo. 

 

La Ley Canaria de la Vivienda, puesta en marcha por el Gobierno tras la presión mediática y social, suspendida cautelarmente por el TC

Precisamente el pasado miércoles el Tribunal Constitucional suspendía la Ley Canaria del Derecho a la Vivienda al haber admitido a trámite la impugnación que presentó el Gobierno central, un recurso basado en que la norma autonómica regula materias que son competencia del Estado. En el recurso, el Ejecutivo central solicita la suspensión cautelar de la Ley mientras no se resuelva el fondo del asunto. Esto obliga al tribunal de garantías a suspender la norma al menos por 5 meses. El desacuerdo entre gobierno autonómico y central se centra en que la norma canaria regula determinados aspectos del derecho a la propiedad de las viviendas y el ejecutivo de Mariano Rajoy considera que ese derecho es competencia del Estado. A raíz de esto, el Tribunal ha acordado trasladar la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado así como al Gobierno y Parlamento de Canarias, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones. La admisión a trámite no supone en ningún caso el pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.

La decisión del Tribunal Constitucional de suspender la Ley Canaria obliga al Gobierno a parar la creación de un registro de viviendas vacías para luego dedicarlas a alquiler social. La modificación de la ley autonómica en materia de vivienda tenía como objetivo adaptar la norma para atender a familias en situación de emergencia social y que pudieran llegar a un acuerdo con las entidades bancarias para evitar el desalojo de sus casas a cambio de un alquiler. Se calcula que en todo el archipiélago existen en torno a 130.000 viviendas vacías propiedad de bancos o promotoras y 21.600 personas en Canarias están en espera de una vivienda social.