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La juez archiva la pieza contra Fernando Clavijo del 'Caso Corredor'

El candidato de CC a las elecciones autonómicas queda libre de las imputaciones tras solicitar el Ministerio Fiscal la anulación de parte de las escuchas y el sobreseimiento provisional de la causa

La juez Teresa Álvarez, refuerzo del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna, al frente de la Operación Corredor tras la reciente abstención de César Romero Pamparacuatro, ha dictado el sobreseimiento provisional de la pieza separada abierta contra el alcalde de La Laguna y candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones autonómicas, Fernando Clavijo, y otras 13 personas, según consta en un auto del pasado 16 de abril, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. La resolución libra al político nacionalista de las imputaciones de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y malversación, que se conocieron en noviembre de 2014 tras el levantamiento del secreto de sumario.

La decisión de la juez no afecta al grueso de la Operación Corredor, en la que ahora quedan 30 imputados, por la que se investiga por la presunta comisión de múltiples delitos al abogado Evaristo González y toda su red de empresas vinculadas al sector del ocio.

La pieza separada por la que estaba imputado Clavijo también afectaba a otras tres concejalas del Ayuntamiento de La Laguna, Blanca Pérez y Aymara Calero, de la misma formación política que el alcalde, y la socialista María José Castañeda. También se archivan las imputaciones contra los policías municipales Blas Henríquez, Juan José Díaz y Juan Pedro Lutzardo; el presidente de la Federación Canaria de Ocio (Fecao), José Santana; los representantes vecinales Ricardo González y Francisco Barreto; así como las que pesaban sobre Bruno Febles, Cristina Afonso y María Isabel González.

El sobreseimiento provisional de la causa se produce después de que la juez estimase los escritos de la Fiscalía Anticorrupción y tras dictar el pasado 15 de abril un auto en el que se anulan todas las comunicaciones intervenidas durante la instrucción entre el 21 de octubre de 2010 y el 21 de enero de 2011, al no existir el auto necesario para autorizar la prórroga de las escuchas que tenía que haber dictado una de las jueces que inicialmente llevó el caso, Matilde Flores. A pesar del exhorto solicitado a la ahora titular de un Juzgado de Sevilla, en el que aseguró que había llevado a cabo la debida resolución judicial y que esta se encontraba en el sistema informático, Teresa Álvarez considera insuficientes los argumentos de su homóloga al no existir en la actualidad ninguna prueba física o digital que lo acredite. A diferencia del auto que dio inicio a las intervenciones, y que pudo ser recuperado pese a su desaparición, por la que también se investiga al empresario Evaristo González, en este caso no cabe su posible reconstrucción.

 

Anulación de las escuchas

La anulación de las escuchas tira por tierra las principales pruebas indiciarias que sostenían parte de las imputaciones. En el caso de las que no estaban sustentadas por las conversaciones que tuvieron lugar entre octubre de 2010 y enero de 2011, como la concesión de las ayudas de realojo a dos viviendas de Las Chumberas, propiedad de la concejala del PSOE María José Castañeda y el ahora asesor del Ayuntamiento de La Laguna Ricardo González, la juez estima los argumentos del Ministerio Público, que en su escrito consideró que no existen indicios suficientes para mantener las imputaciones. Recuerda, como hizo la fiscal, que "en ocasiones anteriores se había prescindido de la capacidad económica del solicitante" para conceder las subvenciones "siempre y cuando concurriesen razones humanitarias y de fuerza mayor". Sobre el hecho de que las resoluciones se dictaran antes del acuerdo de la Junta de Gobierno, Álvarez aclara que no supone "una irregularidad notable, palmaria o grosera necesaria para la comisión del tipo penal".

De igual manera, la juez no ve delito en otras cuestiones denunciadas por el empresario Carlos Calderón, vinculadas con un posible trato de favor a determinados locales de ocio nocturno relacionados con el principal imputado en la causa principal, Evaristo González, como se argumentó inicialmente a raíz de una reunión grabada por el afectado. Así, con el sobreseimiento provisional caen las sospechas sobre los tres policías locales investigados, incluido el caso de Lutzardo, al que se acusaba de extorsionar al dueño de la discoteca Sketch. Tampoco cree Teresa Álvarez que los responsables políticos del Ayuntamiento, con Fernando Clavijo a la cabeza, hayan incurrido en una "no promoción de persecución de delitos".

En cuanto a la petición de la acusación particular de esperar por el testimonio de una arquitecta que declaró ante la Policía Judicial haber presenciado una reunión entre el alcalde de Aguere, Evaristo González, el gerente de Urbanismo y otras personas, en la que presuntamente se habló de la persecución que sufría Carlos Calderón; la juez concluye que "ninguna de las diligencias pendientes de practicar contribuirían a esclarecer los hechos".