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La Fiscalía pide otra imputación para el exalcalde de Santa Úrsula

El Ministerio Público presenta una denuncia por un delito continuado de prevaricación por contratar al tesorero de AISU-CC como técnico de Juventud y pide que se cite a declarar a Ricardo García

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife aprecia nuevos hechos presuntamente delictivos en la gestión política del exalcalde del Ayuntamiento de Santa Úrsula Ricardo García, según consta en una denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción de La Orotava el pasado 5 de febrero, a la que ha tenido acceso mirametv.com. El Ministerio Público, que pide la citación en calidad de imputado del actual concejal de AISU-Coalición Canaria, aprecia la existencia de "indicios racionales de criminalidad que apuntan al denunciado como autor de un delito continuado de prevaricación" por la contratación del actual tesorero y secretario de Organización del partido, Daniel Labrador, como técnico en el área de Juventud "apartándose de los principios que inspiran el correcto ejercicio de función pública".

Los hechos se remontan a 2006, año en que Ricardo García realizó el primero de los cuatro contratos a Daniel Labrador sin respetar "los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad" que rigen la contratación en la administración pública, como denuncia la Fiscalía. Para ocupar una plaza como personal laboral temporal con la clasificación profesional de técnico de Juventud, el exalcalde solicitó al Servicio Canario de Empleo la preselección de un candidato. Un total de nueve personas fueron enviadas al Ayuntamiento de Santa Úrsula, entre las que finalmente se eligió, a propuesta del concejal del área en aquel entonces, José Luis Hernández Arbelo, a la persona que a la postre sería beneficiario de continuos contratos presuntamente ilegales. Se da la circunstancia de que Hernández y Labrador mantienen un fuerte vínculo dentro del partido nacionalista desde hace años. El Ministerio Público considera en su escrito que esta forma de proceder, incluso a pesar de contar con un informe jurídico externo que la avalaba, "merma el requisito de la publicidad necesario para garantizar una actuación conforme al principio de legalidad que preside la función pública".

El primer contrato, que se prolongó desde julio de 2006 hasta diciembre de 2007, por el que el trabajador percibió una retribución bruta mensual de 1.158 euros, fue enlazado con un segundo que firmó el propio Ricardo García el 2 de enero de 2008, con una duración de un año, por el que además se incrementó el sueldo a percibir hasta los 1.314 euros mensuales. La operación se repitió en los mismos términos el 2 de enero de 2009.

En 2010, una vez extinguido el tercer contrato, también un 2 de enero, el exalcalde de AISU-Coalición Canaria volvió a renovar al trabajador, con la diferencia de que esta vez se estableció una duración indefinida. Justo antes de dejar la Alcaldía, cuando se encontraba en funciones, Ricardo García despidió el 10 de junio de 2011 a Daniel Labrador, al que se abonaron 9.873 euros en concepto de indemnización por los cuatro contratos suscritos hasta esa fecha.     

 

Sin proceso de selección

El Ministerio Público insiste en la denuncia en que "en las sucesivas renovaciones e, incluso, más claro aún en la última contratación en la que se convierte el vínculo laboral en indefinido, ni siquiera hay proceso de selección y constan expresamente los informes contrarios de la Secretaría General y la Intervención Municipal, sin que se haya incorporado por el denunciado alguna justificación o informe de su proceder". Es más, la Fiscalía destaca el hecho de que, "de manera absolutamente unilateral y sin causa justificada o al menos que conste en el expediente, encontrándose en condición de alcalde en funciones, [Ricardo García] de manera fugaz y sorpresiva acordó resolver el contrato y concederle una indemnización cifrada en la cuantía de 9.873 euros". Destaca también en la denuncia que esta decisión "no fuera objeto de control técnico o jurídico" por la secretaria o el interventor, lo que considera "especialmente relevante".

El interventor emitió un informe el 20 de junio en el que alertó de que el despido se había producido "sin que quede acreditado en el dictado documento el incumplimiento contractual que motive el mismo". La secretaria, por su parte, declaró ante la Fiscalía que "no puede pronunciarse sobre si es procedente o improcedente el despido porque no ha visto el expediente de tramitación ni se le ha solicitado informe sobre la procedencia del despido".

En relación a esta última cuestión, el Ministerio Público, además de la "existencia de indicios de la comisión de un delito de prevaricación", no descarta que la actuación del exalcalde "pudiera extenderse a otras figuras delictivas, pues el denunciado procedió a resolver el contrato y acordar el despido calificándolo de improcedente sin que conste el motivo del mismo, sin que exista una causa justificada, y sin que se haya tramitado conforme al derecho el oportuno expediente al respecto". Ricardo García también está imputado por la concesión de la licencia de primera ocupación a 49 viviendas de la urbanización de La Quinta Roja.

 

(Fotos: arriba, Ricardo García el día de su declaración por las licencias de La Quinta [publicada por el periódico El Día]; abajo, el propio García en el Ayuntamiento de Santa Úrsula).