Caso Grúas: Godiño es el primer imputado del caso Grúas

Caso Grúas: "De alguna manera había que justificar y convencer de que el préstamo era legal"

Canarias
"El Interventor del Ayuntamiento [Gerardo Armas] es un profesional acreditado pero de alguna manera había que justificar y convencer de que la concesión de un préstamo era legal y viable". Una frase lapidaria digna de ser grabada y que, si no tumba, tambalea cualquier defensa. Y la ha pronunciado uno de los dos interventores del servicio de Grúas pero lo ha hecho el que menos se esperaba que lo hiciera: Antonio Vera Mesa. Una frase que se carga aún más de fuerza y trascendencia en su contexto: Que de su informe se deduce que "no estaba proponiendo expresamente una prórroga" [acordada tras los levantamientos de reparo con los decretos de Fernando Clavijo y Antonio Pérez Godiño -en la foto, tras su declaración de hoy-] sino "que se estudie y se practique si es viable jurídicamente". Es decir, que los informes de los Jefes de Servicio, personal designado a dedo, malinterpretaron sus conclusiones. Seguidamente, reconoce que en el informe que firma el 8 de abril de 2014 con el otro testigo que declaró este lunes, el otro interventor de la empresa, Alejandro Cordero, "manifiestan hechos que podrían constituir faltas muy graves pero no se iniciaron los expedientes sancionadores". Una sanción que, aclara, "podía suponer la caducidad del contrato". Pero, en vez de caducar el contrato, se procedió a la prórroga: Vera insiste en que "en ningún momento mencionaron el préstamo" y que "no sabe a quién se le ocurrió que esos fondos fuesen suministrados por el propio Ayuntamiento". Esto desmonta la versión defendida por Fernando Clavijo en sus declaraciones públicas pues se apoyaba en esa interpretación del informe que el testigo insiste en que es equivocada. Otra de las cosas que ha asegurado el hoy presidente del Gobierno canario y entonces alcalde es que fueron los propios técnicos los que solicitaron informes externos, pero Vera señala a "Seguridad Ciudadana". Cabe recordar que los mismos días en los que la jefa de Servicio de Seguridad Ciudadana elevó informes favorables (primero al préstamo y luego a la prórroga), había una solicitud previa para que lo hiciera elaborada por el entonces concejal de Seguridad Ciudadana y hoy alcalde, Jose Alberto Díaz quién también solicitó a Clavijo el levantamiento de reparos.

En el 'caso Corredor', el entonces candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, estaba imputado por cuatro delitos relacionados por la corrupción pero el caso fue archivado justo un mes santes de presentarse a las elecciones. La Audiencia Provincial ha reabierto recientemente otra causa que había sido  archivada, el 'caso Grúas', valorando que existen "indicios suficientes" de que, el ahora ya presidente del Gobierno, haya podido cometer tres de esos delitos, también en su etapa como alcalde pero por otros hechos. Una de las diferencias entre estos dos casos es que, el primero, se archivó después de que ["una mano negra", según el juez, hiciera desaparecer] desapareciera el auto que autorizaba las escuchas en las que basaba la imputación. Sin autorización, por mucho que lo que se decía, se dijera, ya no valía para la Justicia. Pero el 'caso Grúas' no se basa en escuchas. No se basa en lo que se dice sino en lo que se escribe. En todos los hechos que rodean a lo que se escribe.  Por eso, en las declaraciones judiciales de este lunes tanto los testigos como el por ahora único imputado, el concejal Antonio Pérez Godiño [en la foto]  han tenido que responder a preguntas sobre lo que han escrito, o mejor dicho, lo que han firmado, y lo que han firmado otros.

Por eso, de poco valen las creencias, opiniones personales y suposiciones que se han repetido durante las declaraciones. Ha habido tantas como éstas se han luego diluido al entrar a analizar los informes jurídicos y decretos. Con esas opiniones creencias y suposiciones en grandes titulares, es seguro que abren hoy los mismos medios de comunicación que han tenido que ser rectificados una y otra vez en las últimas semanas. Por eso este análisis periodístico se centra en comprobar si lo declarado referente a estos documentos, concuerda.  Y si hay un documento que ha sido protagonista en las declaraciones es el informe del que menos se habla en la causa pese a su contundencia: Es el informe jurídico firmado por Cordero, y por Vera que ha corroborado, en su declaración ante la juez, que dicho informe obligaba a caducar la concesión de privatización del servicio de grúas, ya no por estar extinguida, sino por incumplir con las obligaciones que concesionario.

 

 

 

 

Es decir, que cuando el Ayuntamiento estaba obligado a caducar el contrato, decidió prórrogar el servicio y concederle un préstamo a la empresa para reflotarla. El entonces concejal de Seguridad Ciudadana y hoy alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, propuso la prorroga de contrato atendiendo a que “los interventores municipales del servicio consideran pertinente la prórroga como mejor garantía para los intereses generales hasta tanto se resuelva sobre la descompensación del desequilibrio económico existente”. Pero ya ha confirmado Vera en su declaración que, el informe "no proponía expresamente una prórroga" sino que se estudiase "su viablidad jurídica" o, para ser más concretos, lo que dice literalmente el informe es que: “deberá estudiarse la procedencia de la continuidad de la prestación del servicio público de retirada de vehículos de la vía pública en régimen de concesión administrativa, en los términos que legalmente procedan y supongan una mejor garantía de los intereses generales”. Los "términos que legalmente" procedían eran caducar el servicio, pero no se hizo. Vera también señala al alcalde Díaz al asegurar que desde su entonces concejalía, la de Seguridad Ciudadana, se pidieron los informes externos "para contrastar" ya que "el interventor mantenía que no era viable el préstamo". Vera declaró saber que "el Interventor del Ayuntamiento [Gerardo Armas] es un profesional acreditado pero de alguna manera había que justificar y convencer de que la concesión de un préstamo era legal y viable".   En este punto, Llega a asegurar Vera en su declaración que estaban "sin tiempo para analizar la situación jurídical y legal", argumentando que la falta de tiempo de debía el servicio se seguía prestando.

Reconoce Vera que conocía al empresario José Luis Tacoronte de su etapa funcionarial en Adeje pero, cuando el concesionario del servicio del grúas del sur (cuyo nombre aparece en la investigación del 'caso Arona', vinculado junto al de exalcalde de CC condenado, Berto González Reverón)  le compra a quienes han reconocido ser amigos de Clavijo en sedre judicial, la empresa de Grúas, asegura Vera que no interviene. Tambien reconoce Vera otra cosa: "Quizá se hubiera evitado todo este lío si se hubiese logrado una inyección de capital privado", es decir, sin la necesidad de intervenir, prorrogar y conceder un préstamo levantando los reparos de Intervención que, al final, llevo al mismo lugar. Eso sí, mientras el primer concesionario tuvo que esperar más de un año para que el Pleno le permitiera `venderse a si mismo la empresa' y poder así dejar de llamarla por su nombre propio para pasar a llamarla AutoGrúas Poli SLU, tanto la venta de José Padilla a los declarados amigos de Clavijo, como la venta de los amigos de Clavijo a Jose Luis Tacoronte, no pasaron por el control del Pleno municipal, incumpliendo el Pliego de Condiciones.

Cabe recordar que, pese a  ser puestos de libre designación y por tanto, de confianza, tanto la directora del Área de Seguridad Ciudadana como el director de área de Hacienda se intentan lavar las manos en sus informes favorables. La primera, Rosario del Carmen Hernández, lo hace con una significativa coletilla en su consideración final: “Por todo ello, ya atendiendo al informe de los Interventores Municipales del servicio y al dictamen de los expertos consultados, se informa favorablemente a la prórroga del contrato de referencia por un periodo de cinco años, sin perjuicio de la normativa aplicable en extinción de contratos”.

El segundo, Estanislao González, se quita de en medio y señala a sus superiores a la vez que intenta echarles un cable al estimar que “la propuesta formulada por el área de seguridad ciudadana no se refiere al régimen ordinario de prórrogas previsto en los Pliegos de la concesión que correspondería tramitar a este servicio y se debe enmarcar, en el ámbito de la medida cautelar de intervención y asunción temporal de la ejecución directa del servicio acordada por la Junta de Gobierno Local”, es decir, una decisión política, no técnica.   

Según el informe del Interventor prorrogar lo ya extinguido va en contra de la Ley de Contratos del Sector Público. O, Recordando el auto de la Audiencia, “no cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas por las que levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio público y a la prórroga del contrato, no atenten deforma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público”.

Quien levantó esos reparos fue Fernando Clavijo y por eso la jueza se ha visto obligada por la Audiencia a pedirle al TSJC que se encargue de enjuiciarle como “el otro investigado” ya que, por su condicición de presidente, está aforado y la jueza de primera instancia no puede citarle a declarar como investigado/imputado tal y como hizo con Antonio Pérez Godiño.

Vera fue el primero en abandonar la sede judicial, recorriendo los escasos metros que separan los juzgados del Ayuntamiento mientras esquivaba las preguntas de los medios en la plaza del Adelantado, casi seis horas después de haber llegado a los Juzgados. Su compañero, Alejandro Cordero, sí que se había comprometido a atender a las personas periodistas al volver a salir al frío patio del juzgado, pero consiguió salir sin ser visto por la decena fotoperiodistas y redactores que allí se encontraban. Eso sí, en su declaración, también ante la jueza, la abogada de XTF-NC, el abogado de Unidxs Se Puede y el abogado de Pérez Godiño, Cordero reconoció, al igual que Vera que, "la falta de cumplimiento en las condiciones de contrato, conlleva un cese la concensión". También señaló a Clavijo y Estanislao González como sus superiores y, a uno de los amigos de Clavijo, Carmelo Reyes, como su contacto en la empresa para dirigir un servicio cuyos pliegos de condiciones, esos que Cordero debía vigilar para que se cumplieran, esos cuyo incumplimiento conllevaba la caducidad del contrato, no llegaron a sus manos "hasta años después".

 

El último en salir de los Juzgados fue el concejal imputado Antonio Pérez Godiño, que pese a llegar puntual a su declaración, prevista para las 10:30, tuvo que esperar varias horas a que terminaran de declarar los testigos. Una vez le tocó el turno y dado que se acogió a su Derecho de no responder a las preguntas de los magistrados de la acusación, su declaración fue mucho más agil: Explicó a la jueza que firmó el decreto en calidad de sustituto del actual alcalde y entonces concejal de Seguridad ya que era agosto y Jose Alberto Díaz se encontraba de vacaciones. Aseguró que, como el alcalde había levantado los reparos, resolvió la prórroga del contrato. Godiño dijo "ignorar por qué motivo" el entonces alcalde, Fernando Clavijo, "no realiza la prórroga en el mismo decreto". Una duda que podría ser resuelta si, el que la jueza llama "el otro investigado", debe declarar como imputado  en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al ser aforado por su condición de presidente del Gobierno canario. Una vez la jueza ha practicado estas diligencias, el TSJC le pedirá una exposición algo más razonada que el 'corta y pega' que hizo del auto de la Auciencia para poder decidir si imputa a Fernando Clavijo. 

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