Cáritas atiende en tres meses a 60 familias en situación de desahucio en Tenerife

Cáritas atiende en tres meses a 60 familias en situación de desahucio en Tenerife

Canarias
Cáritas Diocesana de Tenerife ha atendido en tres meses a 60 familias que viven situaciones de “ocupaciones, problemas vinculados a la falta de pago del arrendamiento o extinción del contrato, ejecuciones hipotecarias y, en menor medida, desahucios administrativos”. Según esta organización, los afectados son fundamentalmente parejas con menores a cargo, trabajos precarios y sin alternativa habitacional.

Cáritas Diocesana de Tenerife, en el marco de su nuevo Proyecto Base 25, ha atendido a 60 familias con problemas vinculados a lanzamientos y desahucios en distintos municipios de la Isla, ofreciéndoles acompañamiento psicosocial y apoyo en la búsqueda de alternativas habitacionales. En coordinación con los ayuntamientos implicados, el Cabildo de Tenerife y la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias, el Gabinete Jurídico y el personal técnico de la entidad están llevando a cabo gestiones para evitar que estas personas se queden en situación de sin hogar, según un comunicado remitido por esta ONG.

Desde el Gabinete Jurídico de Cáritas explican que los cuatro tipos de situaciones con las que se están encontrando son, básicamente, “ocupaciones, problemas vinculados a la falta de pago del arrendamiento o extinción del contrato, ejecuciones hipotecarias y, en menor medida, desahucios administrativos”.

En todos los casos, el perfil predominante es el de parejas con hijos menores a cargo, que tienen trabajos precarios que no les permiten pagar el alquiler o que no tienen otra alternativa habitacional, lo que les lleva a ocupar una vivienda. En esta línea, Cáritas Diocesana de Tenerife, junto a las distintas administraciones públicas implicadas, trata de parar los lanzamientos de las familias u ofrecerles apoyo en la búsqueda de alternativas habitacionales, mediante la concesión de ayudas al alquiler y planes de intervención integral que ayuden a la familia a salir de la situación en la que están. De igual modo, también se negocia con las entidades bancarias la posibilidad de un alquiler social para las familias afectadas, al objeto de que puedan continuar residiendo en la misma vivienda que habitaban.

“Muchos de los casos nos están entrando con el procedimiento judicial ya muy avanzado, por lo que la única opción que nos queda es la negociación, bien con los bancos (ejecuciones hipotecarias principalmente, y ocupaciones), bien con los propietarios particulares (arrendamientos), así como con la Administración (en caso de desahucio administrativo)”, exponen desde el Gabinete Jurídico, donde insisten en que “en estos casos, que ya suelen tener fijada la fecha del lanzamiento, se solicita una prórroga en el juzgado atendiendo a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 704. Esta dicta que “cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, el secretario judicial les dará un plazo de un mes para desalojarlo. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más”.

“En caso de las ejecuciones hipotecarias, por un lado, si se había acordado suspensión anterior a 2017, solicitamos ampliar la misma hasta el 2020, que es la nueva fecha que establece el Real Decreto que entró en vigor el pasado mes de mayo, que modifica la Ley 1/2013 de medidas para reforzar las protecciones de deudores hipotecarios; por otro lado, si es una ejecución posterior solicitamos la suspensión hasta 2020, siempre que el afectado sea deudor hipotecario, esté en el umbral de la exclusión, la vivienda hipotecada sea la habitual y que debiera haber sido adjudicada al acreedor. Por umbral de exclusión la ley entiende, por ejemplo, que los ingresos de la unidad familiar no superen 3 veces el IPREM”, reiteran los juristas de Cáritas Diocesana de Tenerife.

Todas estas actuaciones de la institución se enmarcan dentro de su Proyecto “Base 25”, financiado por el Cabildo y en el que colabora el Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es prevenir y evitar nuevas situaciones de sinhogarismo en la Isla. Solo en el último mes, Base 25 ha paralizado los lanzamientos de más de una veintena de familias en los municipios de Güímar, Tacoronte, La Laguna, Granadilla y Santa Cruz.

Junto a estas acciones, Cáritas Diocesana de Tenerife está trabajando con las administraciones públicas en la constitución de un parque de viviendas en régimen de alquiler social, a las que podrán acceder los beneficiarios del proyecto. La iniciativa se dirige a usuarios que carecen de otras alternativas y que acepten un proceso de acompañamiento psicosocial e intervención a través de un equipo multidisciplinar, para incidir en las causas que originaron la situación en la que se encuentran.

Cáritas Diocesana de Tenerife tiene casi 40 años de experiencia en el acompañamiento de personas en situación de sin hogar desde diferentes recursos (trabajo de calle, acogida, acompañamiento, servicios de día, dispositivos residenciales, etc). En 2016, la entidad atendió a 495 personas, dando alojamiento y cobertura en sus necesidades básicas a 322 personas.

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