La AP de Las Palmas se pronuncia sobre el Caso Kokorev y la prisión preventiva

La AP de Las Palmas se pronuncia sobre el Caso Kokorev y la prisión preventiva

Actualidad
La Audiencia Provincial de Las Palmas establece en un reciente auto que no es necesario “que existan indicios racionales de criminalidad contra la persona afectada” por medidas cautelares en una investigación para mantener a ésta en prisión preventiva.

A través del auto, firmado como presidenta por Pilar Parejo Pablos y que tiene como ponente a Nicolás Acosta González, con fecha 18 de enero de 2017, se rechaza así la petición de libertad de Igor Kokorev, hijo del empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev que (con el resto de su familia) suma año y medio de prisión provisional en la cárcel canaria de Juan Grande; un cautiverio que se mantiene bajo la acusación genérica de que la familia (establecida en Madrid y Las Palmas durante años y con negocios en Guinea Ecuatorial) ejerció de testaferro para el dictador Teodoro Obiang.

Los abogados de los Kokorev alegan la ausencia de cualquier referencia a hechos delictivos en el auto de prisión para los distintos miembros de la familia (también la madre, Julia, permanece encarcelada). De la misma manera, añaden que por parte de la instructora, Ana Isabel de Vega, existe falta de indicación del delito que serviría de base para el presunto blanqueo de capitales.

Con una investigación secreta durante cinco años, la AP de Las Palmas señala que a pesar de que las actuaciones no se desarrollan bajo el principio de publicidad, los investigados conocen “con suficiente amplitud la conducta criminal que se les atribuye y, en definitiva, (eso) les permite defenderse”.

La defensa de los Kokorev ha acreditado ante la instructora que las transacciones de dinero entre la República de Guinea Ecuatorial y la empresa Kalunga (propiedad de Vladimir) son perfectamente legales y responden a operaciones comerciales lícitas. Sorprendentemente, y tras un proceso que se prolonga año tras año, la justicia canaria señala que la justificación de esas cantidades (más de 20 millones de dólares) “debe responder a la realidad” y que aún hoy esos hechos “están siendo objeto de la investigación”.

A más abundamiento, el tribunal señala -de forma paradójica y dejando al descubierto la indefensión del detenido- que “si bien ha podido aportar diversa documentación en orden a justificar el origen de esas transferencias de fondos”, es claro que la instrucción no se centra necesariamente en tales operaciones, apostillando que es “difícil saberlo cuando está declarada secreta”.

La propia Audiencia Provincial admite que en relación con la participación de Igor Kokorev en las operaciones de Kalunga, “al tiempo de producirse o era menor (de edad) o era estudiante de Derecho”. En efecto, Igor se licenció en Derecho por la facultad de ICADE, estuvo asociado al prestigioso despacho Pérez Llorca y es autor de varios artículos publicados en revistas jurídicas.

En el marco de las investigaciones secretas contra su familia, fue detenido el 7 de Septiembre de 2015 cuando volvía de un viaje a Corea del Sur, donde se encontraba con su pareja sentimental, preparaba su boda y estaba esperando un niño al que, dado su cautiverio y especial régimen penitenciario, sigue sin conocer. Ni él ni su madre tuvieron nunca ninguna relación con los negocios navieros de Vladimir Kokorev en la excolonia española en África. Nunca ha conocido a ningún miembro del gobierno de Guinea Ecuatorial ni del clan de Teodoro Obiang, ni directamente ni a través de su padre. Tampoco Igor Kokorev ha hecho nunca uso en las empresas familiares de su firma, que le fue otorgada exclusivamente para la eventualidad del fallecimiento de sus padres.

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